mencionado detalles al respecto ni consta información sobre la existencia de protocolos aplicables también en otros centros de detención 155. 162. Por ello, la Corte ordena al Estado que, en caso de carecer de un protocolo sobre incendios o emergencias en centros de privación de libertad de adolescentes, adopte uno en el plazo de un año. El mismo debe prever tanto las acciones que deben realizarse, frente a tales situaciones, en esas instituciones como también la asistencia para emergencias, médica y/o de otro carácter que pueda resultar necesario proveer por medio de entidades externas. En el marco de dicho protocolo, debe contemplarse: a) no proveer a los presos o internos ni permitir que tengan en sus celdas, o pabellones o ámbitos cerrados de alojamiento, colchones u otros elementos análogos que no sean ignífugos, especialmente los de materiales extremadamente tóxicos en casos de combustión, como el poliuretano, b) que las autoridades de vigilancia tengan siempre a su inmediata disposición y en verificadas condiciones de uso las llaves o dispositivos que permitan la rápida apertura de celdas, pabellones o ámbitos cerrados, y c) mantener en perfectas condiciones de funcionamiento extinguidores y todos otros dispositivos de combate de incendio en toda institución total. En caso de contar ya el Estado con dicho protocolo, deberá informarlo a la Corte en el mismo plazo, así como si el mismo cumple las condiciones que anteceden. F. Otras medidas solicitadas 163. Los representantes solicitaron que “se otorgue una beca de estudios a favor de los familiares de las [v]íctimas que estén cursando estudios primarios, secundarios o superiores”. Además, los representantes consideraron procedente que se ordene al Estado “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional con relación a la muerte de las [v]íctimas”. El Estado no se refirió a estas solicitudes. 164. En cuanto a la primera medida referida en el párrafo anterior, la Corte advierte que no guardan un nexo causal con las violaciones determinadas en el presente caso, por lo que no considera procedente ordenarla. En cuanto a la solicitud de que el Estado realice un acto público de reconocimiento internacional esta Corte nota que los propios representantes, en su escrito de alegatos finales, señalaron que al haber Venezuela reconocido su responsabilidad había cumplido con esta solicitud. Esta Corte, teniendo en cuenta lo anterior, considera innecesario ordenar la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. G. Indemnizaciones compensatorias 165. La Comisión solicitó que se reparen integralmente las violaciones a derechos humanos en su aspecto material e inmaterial, mediante medidas de compensación económica. 166. Los representantes requirieron que la Corte “ordene a Venezuela pagar a los familiares de las [v]íctimas una indemnización […] que repare los daños materiales y morales que han sufrido por la muerte de las [v]íctimas”. Solicitaron que la Corte “fije en equidad el monto”, dada “la dificultad para aportar el monto exacto de los daños” 156. El testigo expresó que, actualmente, el centro Monseñor Juan José Bernal: a) cuenta con personal que recibe capacitación para emergencias médicas, naturales, por motines, e incendios, entre otras; b) cuenta con una política para situaciones de emergencias; c) tiene salidas de emergencia; d) no presenta sobrepoblación, ya que el cupo es para 62 personas privadas de libertad y hay 42 (que incluye procesados y condenados, adolescentes y jóvenes adultos); e) tiene un personal de 34 personas. También señaló que, al menos desde el 26 de julio de 2011, no se ha reportado ningún incendio en el Centro. 156 Sin perjuicio de lo anterior, entendieron que la indemnización por daño material debe considerar la pérdida de ingresos de las víctimas y el daño emergente “que corresponde a los daños directos y consecuentes como gastos médicos y funerarios”. En cuanto al daño inmaterial, manifestaron que “corresponde a los sufrimientos y aflicciones causados a las [v]íctimas y sus familiares”. Aunque solicitaron la fijación de montos “en equidad”, en sus alegatos finales escritos los representantes señalaron determinados “montos indicativos”. 155 45