VI.
RECOMENDACIONES
83.
En virtud de las anteriores conclusiones,
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
RECOMIENDA AL ESTADO DE PERÚ,
1.
Dar cumplimiento a la mayor brevedad posible a las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia de 2 de febrero de 1993 y del Tribunal Constitucional de 10 de diciembre de 1999. Esto
implica la adopción inmediata por parte del Estado peruano de las medidas necesarias para el pago
de la pensión al señor Muelle Flores en los términos en los cuales le fue reconocido judicialmente, es
decir, bajo el régimen del Decreto Ley 20530. Lo anterior incluye el pago de las pensiones dejadas de
percibir desde el momento de su jubilación hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. Tomando
en cuenta los estándares desarrollados en el presente informe sobre las obligaciones del Estado en el
marco de privatización de empresas estatales, Perú no podrá oponer la privatización de la empresa
para abstenerse de cumplir con esta recomendación.
2.
Reparar integralmente las violaciones declaradas en el presente informe, incluyendo
una debida compensación que incluya el daño material e inmaterial causado.
3.
Adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para evitar la repetición
de las violaciones declaradas en el presente informe. Al respecto, el Estado deberá disponer las
medidas necesarias para: i) Asegurar que las empresas estatales cumplan con los fallos judiciales que
reconocen derechos pensionarios a ex-trabajadores; ii) Asegurar que en el marco de la privatización
de empresas privadas se dispongan las debidas salvaguardas para que tal actuación no impida el
cumplimiento de sentencias judiciales a favor de las personas jubiladas; iii) Asegurar que los
procesos de ejecución de sentencia cumplan con el estándar convencional de sencillez y rapidez; y iv)
Asegurar que las autoridades judiciales que conocen tales procesos se encuentren facultados
legalmente y apliquen en la práctica los mecanismos coercitivos necesarios para garantizar el
cumplimiento de los fallos judiciales.
Dado y firmado en Washington, D.C., a los 27 días del mes de enero de 2017. (Firmado): James
Cavallaro, Presidente; Margarette May Macaulay, Segunda Vicepresidenta; José de Jesús Orozco
Henríquez, Paulo Vannuchi, Esmeralda E. Arosema Bernal de Troitiño, y Enrique Gil Botero, Miembros
de la Comisión.
El que suscribe, Paulo Abrão, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la
Comisión, certifica que es copia fiel del original depositado en los archivos de la Secretaría de la CIDH.
Paulo Abrão
Secretario Ejecutivo
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