- 12 necesidad de trasladar la obra de su taller. El Estado lamentó que el hecho que el
Ejército Nacional haya transportado y albergue el monumento “haya sido interpretado
como un hecho revictimizante y no como la cooperación armónica de las entidades del
Estado”. En su último informe, Colombia reiteró “sus más sinceras disculpas” por las
dificultades que han afectado el cumplimiento de esta medida e indicó que se encuentra
gestionando los trámites internos para finalizar su ejecución, para lo cual se han
realizado gestiones con la Gobernación de Santander, la cual cuenta con los recursos
económicos para realizar la obra civil, pero “está a la espera que se defina el trámite de
la implementación de la obra”.
27.
En sus observaciones a dicho informe, los representantes agregaron que “el
Estado ha mantenido una opacidad, falta de transparencia y de comunicación” en
relación con el cumplimiento de esta medida de reparación. Asimismo, informaron que
han acudido a distintas instancias estatales para solicitar que la obra artística sea
almacenada en una instalación de carácter civil mientras se concluye la obra civil 21, pese
a lo cual, a noviembre de 2011, la obra permanecía en instalaciones militares. En razón
de esta situación, los representantes solicitaron a la Corte que requiera al Estado
adoptar, entre otras, las medidas que sean necesarias para que la obra artística sea
almacenada “lo antes posible” en una institución civil, bajo condiciones que garanticen
su adecuada conservación; que se inicie y finalice satisfactoriamente la obra civil sin
más y prolongadas dilaciones, y que se establezca “un espacio regular de seguimiento a
la implementación de [esta] medida de reparación”. Adicionalmente, mediante
comunicaciones de 27 y 28 de junio de 2011, dos familiares de víctimas desaparecidas
se dirigieron directamente al Tribunal para expresar su “impotencia”, “tristeza”,
“extrañeza y rabia” por la forma en que el Estado había trasladado el monumento y su
almacenamiento en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército. Posteriormente,
determinados familiares de la mayoría de las víctimas desaparecidas enviaron
comunicaciones directamente a la Corte manifestando su inconformidad con lo sucedido
en relación al monumento, indicando que ello les causaba agravios y aumentaba su
humillación. Solicitaron que se requiera al Estado que retire la obra artística de las
instalaciones de la Quinta Brigada, lugar “que [los] ofende y ofende la memoria de [sus]
familiares”, y la reubiquen en otra institución para “tener un lugar libre” donde las
familias puedan reunirse para “poder mitigar ese dolor” y el “duelo congelado” producto
de la desaparición de sus familiares.
28.
La Comisión lamentó que, pese al tiempo transcurrido, no se haya iniciado aún la
construcción de la obra civil. Respecto al traslado de la obra artística y su
almacenamiento en la Quinta Brigada del Ejército Nacional, la Comisión observó “con
preocupación” que no se haya informado oportunamente de los hechos a los
representantes, así como el hecho de que los familiares y sus representantes no tengan
acceso a la escultura. En este sentido, la Comisión recordó la importancia de este tipo de
medidas de reparación “razón por la cual deben tomarse en cuenta sus expectativas y
necesidades, como así también asegurarse su adecuada participación”. En razón de ello,
21
Los representantes indicaron que: a) El 25 de julio de 2011 enviaron una carta al Vicepresidente de la
República “en su calidad de máxima autoridad” del Programa Presidencial de Derechos Humanos, pero el 29 de
julio de 2011 se les informó que su solicitud se trasladó a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación;
b) el 14 de octubre de 2011 dirigieron una comunicación al Gobernador del Departamento de Santander,
solicitándole su intervención, sin recibir respuesta alguna; c) el 6 de octubre de 2011 difundieron un
comunicado en el marco de la conmemoración de los 24 años de los hechos del caso, solicitando al Estado el
cumplimiento de esta medida; d) el 7 de octubre de 2011 los familiares de las víctimas interpusieron un
derecho de petición ante el Gobernador del Departamento de Santander, sin tampoco recibir respuesta.
Finalmente, los representantes manifestaron que en la primera semana de octubre de 2011 sostuvieron una
reunión con funcionarios del Programa Presidencial de Derechos Humanos “quienes se comprometieron a
gestionar el traslado de la obra artística a una instalación civil”.