remediar esta situación informó más de diez años después que el estado de la atención de salud mental en las prisiones de California se estaba deteriorando debido al aumento del hacinamiento. En Plata v. Brown, presentado en 2001, el Estado reconoció que las deficiencias en la atención médica en las prisiones violaban los derechos de la Octava Enmienda de los presos y se dispuso una medida cautelar. En 2005, dado que el Estado no había cumplido con el requerimiento judicial, el tribunal designó un Receptor para supervisar los esfuerzos estatales, quien en 2008 no hizo más que describir la continuidad de las deficiencias causadas por el hacinamiento. Entendiendo que no era posible resolver la situación sin reducir el hacinamiento, los demandantes promovieron ante sus respectivos Tribunales de Distrito la convocatoria a un tribunal de tres jueces facultados por la Ley de Reforma de Litigios de Prisiones de 1995 (PLRA) para disponer reducciones de población carcelaria. Los jueces de Distrito hicieron lugar a lo solicitado y los casos se radicaron ante un único tribunal tripersonal, que después de escuchar testimonios y realizar verificaciones de los hechos, ordenó a California reducir su población carcelaria al 137.5% de la capacidad de diseño dentro de dos años. 105. Ante la evidencia de que la población carcelaria tendría que reducirse, en razón de que no era posible aumentar la capacidad con nuevas construcciones, el tribunal ordenó al Estado que formule un plan de cumplimiento y lo presente para su aprobación. 106. El Estado de California acudió ante la Suprema Corte de los Estados Unidos que, finalmente, por mayoría de cinco votos confirmó lo resuelto por el tribunal tripersonal. El relator fue el Juez Kennedy, que resumió así el caso: Este caso surge de graves violaciones constitucionales en el sistema penitenciario de California. Las violaciones han persistido durante años. Permanecen sin corregir. La apelación llega a este Tribunal por una orden del Tribunal de Distrito de tres jueces que ordena a California remediar dos violaciones continuas de la Cláusula de Castigo Crueles e Inusuales, una garantía vinculante para los Estados por la Cláusula de Debido Proceso de la Decimocuarta Enmienda. Las violaciones son objeto de dos acciones colectivas en dos Tribunales del Distrito Federal. El primero involucra a la clase de presos con trastornos mentales graves. Ese caso es Coleman v. Brown. El segundo involucra a los presos con afecciones médicas graves. Ese caso es Plata v. Brown. La orden del Tribunal de Distrito de tres jueces es aplicable a ambos casos32. 107. La situación la sintetizaba de la siguiente manera: En el momento del juicio, las instalaciones penitenciarias de California tenían unas 156,000 personas. Esto es casi el doble del número para el que las prisiones de California fueron diseñadas para mantener, y a California se le ha ordenado reducir su población carcelaria al 137.5% de la capacidad de diseño. Según el propio cálculo del tribunal de tres jueces, la reducción de la población requerida podría ser de hasta 46,000 personas. Si bien el Estado ha reducido la población en al menos 9,000 personas durante la tramitación de esta apelación, esto significa que se podría requerir una reducción adicional de 37,000 personas. Como se observará, la reducción no necesita realizarse de manera indiscriminada o en estos números sustanciales, si son satisfactorios, se diseñan recursos alternativos o medios para el cumplimiento. El Estado puede emplear medidas, incluidos los créditos de buen tiempo y el desvío de delincuentes de bajo riesgo y violadores técnicos de libertad condicional a 32 Páginas 1 a 4 de la opinión de la Suprema Corte. Traducción de la Secretaría. 22