3 CONSIDERANDO QUE: 1. Las decisiones del Presidente, que no sean de mero trámite, son recurribles ante la Corte, en los términos del artículo 31.2 del Reglamento del Tribunal 2 (en adelante “el Reglamento”). 2. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 48, 49, 50, 52.3, 57 y 58 del Reglamento del Tribunal. 3. El Estado recurrió parcialmente la Resolución dictada el 5 de junio de 2012 por el Presidente. El Estado alegó, inter alia, que la Corte tiene la práctica de “generar espacios procesales a las partes para subsanar falencias” situación que no ocurrió en este caso, “en donde por el contrario, sin prevención alguna, la Corte solicitó al Estado la lista definitiva de declarantes y solo se ocupó del tema de la extemporaneidad con ocasión de las observaciones que al respecto presentaron la Comisión y los representantes de las presuntas víctimas”. Alegó que esa supuesta práctica “para superar falencias o debilidades” en el ofrecimiento probatorio es en beneficio de “los fines del proceso”. De ese modo, observó que en el presente caso la Corte se apartó de tal práctica y que, al haber solicitado una lista definitiva de declarantes al Estado, la Presidencia “le dio a entender que hacía el requerimiento porque se cumplían los requisitos y presupuestos descritos” en el artículo 46.1 del Reglamento, lista que, alega, el Estado remitió “de buena fe y atendiendo el requerimiento realizado por […] la Corte”. Además, el Estado arguyó que la Corte resolvió la alegada extemporaneidad sin darle oportunidad de referirse a ello, por lo que lo hizo “por iniciativa propia”. En definitiva, alega que, “sin pretender relevarse de su carga de proponer y remitir las pruebas en forma oportuna, el Estado […] considera que la [referida] decisión […] viola el debido proceso, especialmente su derecho de defensa y la igualdad de armas”, por lo que solicita se admitan todas las declaraciones periciales propuestas y, subsidiariamente, que en aplicación del artículo 58.a) del Reglamento la Corte reciba los peritajes de oficio. 4. Por su parte, la Comisión manifestó que, de conformidad con la práctica de la Corte y su Reglamento, la solicitud de la lista definitiva de declarantes no implicaba una aceptación de la prueba pericial o testimonial ofrecida por las partes, pues lo que busca es que la parte desista o confirme el ofrecimiento, abriendo un espacio de contradictorio, en el marco del cual las partes pueden presentar observaciones, objeciones o recusaciones. Además, señaló que los requisitos para el ofrecimiento de la prueba se encuentran claramente establecidos en el Reglamento, el cual resguarda el debido proceso y el contradictorio entre las partes, lo cual es conocido por el Estado “en su litigio permanente […] ante el Tribunal” y fue incumplido por el Estado en este caso, según fue constatado en la Resolución del Presidente. Mencionó que puesto que el Estado indicó en su contestación que nombraría a los peritos “a la brevedad”, era posible inferir válidamente que el Estado tenía pleno conocimiento de su obligación reglamentaria de nombrar a los peritos en un período corto de tiempo y no meses después, por lo que es comprensible que la Corte no estimara necesario reiterar dicho requisito derivado del Reglamento. Además, en cuanto a la forma en que el Estado ofreció tal prueba, supeditando el nombramiento de peritos a una determinación preliminar de la Corte sobre la pertinencia de los mismos y a que se le otorgara un “plazo razonable” para ello, la Comisión consideró que el mecanismo de designación de peritos del Estado no se encontraba previsto en el Reglamento, pues supondría una determinación de fondo de la pertinencia de la prueba antes de cumplir con los requisitos mínimos para su procedencia. Agregó que por ser un ofrecimiento en contravención del Reglamento, no le correspondía a la Corte realizar solicitudes que puedan sugerir una modificación en una estrategia procesal de una 2 Reglamento aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009.