25 entre dichos ataques se encontraban “amenazas de muerte, actos de intimidación, violaciones de la integridad física (con inclusión de palizas y secuestros) y violaciones del derecho a la vida, actos que en algunos casos se relacionan con acontecimientos concretos de orden político o de otra índole”. Coincidió con la Comisión en cuanto a quiénes eran los principales blancos de esos ataques y, en cuanto a los autores de las mencionadas violaciones, que eran “principalmente miembros de las fuerzas policiales y militares, que s[eguían] desempeñando tareas ajenas a la competencia de esas instituciones en una sociedad democrática, así como grupos clandestinos vinculados a las fuerzas de seguridad”. Coincidió asimismo en que existía “un nexo evidente entre [la] impunidad y la situación precaria de los defensores de los derechos humanos en el país” y concluyó que había “un claro debilitamiento del Gobierno de alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo global sobre derechos humanos y en los componentes de derechos humanos de los acuerdos de paz” 74. c) La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (en adelante “MINUGUA” o “la Misión”), en su Informe Final de 15 de noviembre de 2004 indicó que, desde 1994 a 2004, “[d]e manera permanente [recibió] denuncias contra el derecho a la integridad, bajo la modalidad de amenazas de muerte y otras amenazas contra defensores de derechos humanos”. Dichos ataques se habían ensañado “contra instituciones oficiales como la Procuraduría de los Derechos Humanos”, pero “la frecuencia más alta de ataques” se registraba contra “las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”. Por último, destacó que, “[p]ese a la evidente dificultad que entraña la verificación de estructuras clandestinas, la Misión” había logrado “acreditar la participación de estos grupos ilegales en casos de amenazas e intimidaciones a defensores de derechos humanos, en violaciones al derecho a la vida e inclusive en acciones destinadas a obstaculizar la acción de la justicia”. Concluyó que esos cuerpos clandestinos contaban con un “amplio apoyo logístico” que les permitía, entre otras cosas, “utilizar recursos estatales […]” 75. d) La Unidad de Defensores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y la Coalición para la CICIACS, en informes de 2003 y 2004, aseguraron que se había presentado un agravamiento de las violaciones de derechos humanos durante los tres años anteriores a 2003. Destacaron que se hab��a deteriorado el derecho a defender derechos, situación en la que los defensores que trabajaban en torno a la verdad, la 74 Cfr. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobra la situación de los defensores de los derechos humanos, en virtud de la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición, Misión a Guatemala. E/CN.4/2003/104/Add.2 (expediente de fondo, folios 794, 807, 812 y 813). En su informe de seguimiento, de 2009 (Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe de Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Adición, Misión a Guatemala. A/HRC/10/2/Add. 3 (expediente de fondo, folios 860, 865, 867, 870 y 871), la señora Jilani señaló que el número de ataques contra los defensores de los derechos humanos se había duplicado “en los últimos cinco años, con un promedio de un ataque contra los defensores cada dos días”. Habían cobrado importancia actos como la criminalización de los defensores de los derechos humanos, y destacó que “algunos sectores de la clase política y de los medios de información pública” seguían “estigmatizando y criminalizando a los defensores de derechos humanos”, lo que hacía que los defensores fuesen “más vulnerables a los ataques”. La impunidad seguía siendo la regla general. No obstante, señaló algunos progresos, como el establecimiento de la Política Pública de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, Sujetos Procesales, Periodistas y Comunicadores Sociales, elaborada por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (en adelante, “COPREDEH”); la creación de la Unidad de Derechos Humanos de la División de Investigación del Crimen de la Policía Nacional Civil, y la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos en Guatemala. Señaló que la Procuraduría de los Derechos Humanos era “una referencia para la sociedad civil guatemalteca y otras instituciones” y encabezaba actividades en defensa del derecho a la verdad y de lucha contra las causas estructurales de la impunidad, por lo que, tanto el personal de la Procuraduría como el propio Procurador eran “víctimas de frecuentes ataques y amenazas” . Por último, mencionó a la Fiscalía de Derechos Humanos, la cual “se encarga[ba] de investigar los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos”. Las partes no aportaron a la Corte información sobre los resultados de las iniciativas estatales mencionadas. 75 Cfr. MINUGUA. Informe Final, Asesoría en Derechos Humanos, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, 15 de noviembre de 2004, párrs. 31, 34 y párr. 81. Disponible en: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/guatemala/Informe-Final-Minugua.pdf.