26 justicia y la memoria histórica habrían sido los más afectados. En cuanto a los autores de estos hechos, habían podido “identificar elementos propios de operaciones de inteligencia militar”. Además, señalaron que, “de mantenerse las condiciones actuales en materia de impunidad”, la tendencia comprobada parecía “no tener reversión” 76. En el informe de 2004 señalaron que “los grupos más atacados [eran] los defensores que trabajan en torno a la justicia, la verdad, los acompañantes, los sindicalistas y los periodistas que cubr[ía]n temáticas sobre corrupción” 77. e) El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, en el informe sobre su misión a Guatemala en 2006 78, calificó la situación de los defensores de derechos humanos como “reveladora de los problemas generales de derechos humanos del país”. Hechos como las amenazas de muerte y los asesinatos de defensores de derechos humanos eran de una “frecuencia alarmante”, y los defensores más frecuentemente asesinados eran los que promovían los derechos económicos, sociales o culturales y los que perseguían “la verdad y la justicia en relación con las violaciones de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno”. Manifestó que eran pocos los ataques investigados y aún menos los que daban lugar a condenas, teniendo como resultado un aumento en los asesinatos “en gran parte debido a que no se ha investigado ni castigado a sus autores” 79. 77. Ahora bien, en sus alegatos, el Estado señaló de forma general que las fuentes con las que se pretende demostrar el contexto de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos carecen de objetividad e imparcialidad por haber sido elaboras por las representantes. Al respecto, la Corte observa que el informe de 2003 de la Unidad de Defensores del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y la Coalición para la CICIACS (supra párr. 76.d) señala a Claudia Samayoa, representante en el presente caso, como autora. No obstante, el mencionado Movimiento Nacional por los Derechos Humanos se conforma, según la perita Hina Jilani, de “las principales organizaciones de derechos humanos” en Guatemala 80, y la Coalición para la CICIACS incluye las siguientes organizaciones: Centro de Acción Legal en Derechos Humanos; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos; el Grupo de Apoyo Mutuo; la Fundación Myrna Mack; la Fundación Rigoberta Menchú Tum; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y Seguridad en Democracia (SEDEM) 81. De este modo, el mencionado informe de 2003, así como aquél emitido por dichas organizaciones en el año 2004, cuentan con el apoyo de un amplio sector de la sociedad civil guatemalteca. Por otro lado, los demás elementos probatorios que obran en el expediente relativos al contexto del caso fueron emitidos por organismos internacionales. Asimismo, el Tribunal nota que el Estado no remitió pruebas que controvirtieran la veracidad de dichos documentos o que sustenten su aseveración de que las 76 Cfr. El rostro del terror. Análisis de los ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos del 2000 al 2003 Unidad de Defensores – Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2459). 77 Cfr. Y el terror continúa. Análisis de ataques en contra de defensores de Derechos Humanos durante el año 2004. Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2487). 78 Cfr. Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias. Misión a Guatemala, 21 a 25 de agosto de 2006. A/HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007, párr. 35. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5017.pdf?view=1. 79 Al respecto mencionó que: “[u]n gran número de asesinatos [iba] precedido de amenazas de muerte o actos de intimidación que no [eran] investigados”. Cfr. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial, Philip Alston, sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Los derechos civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y ejecuciones sumarias. Misión a Guatemala, 21 a 25 de agosto de 2006. A/HRC/4/20/Add.2, 19 de febrero de 2007, párr. 36. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5017.pdf?view=1 80 Cfr. Informe presentado por la Sra. Hina Jilani, en virtud de la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición, Misión a Guatemala. E/CN.4/2003/104/Add.2 (expediente de fondo, folio 806). 81 Cfr. El rostro del terror. Análisis de los ataques en contra de Defensores de Derechos Humanos del 2000 al 2003. Unidad de Defensores – Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y Coalición para la CICIACS (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, folio 2476).