-31Convención76. Dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profesionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la participación de las distintas corrientes en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios, que deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan 77, y el esfuerzo por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas78. 107. El ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad79 y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen. 108. En el presente caso, la Corte observa que la mayoría de hechos alegados en la demanda como violatorios de los artículos 5 y 13 habrían sido cometidos por particulares, en perjuicio de periodistas y miembros de los equipos reporteriles, así como de los bienes y sede del canal RCTV. 109. La Corte ha señalado que la responsabilidad internacional del Estado generarse por actos violatorios cometidos por terceros, que en principio no le atribuibles80. Esto ocurre si el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes encuentren en posición de garantes de derechos humanos, las obligaciones erga contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención. puede serían que se omnes 110. La Corte también ha señalado que un Estado no es responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida por particulares. El carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto de particulares. Debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía, considerando la previsibilidad de un riesgo real e inmediato81. supra nota 71., párr. 54; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, supra nota 71, párr. 95; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 79. 76 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, supra nota 71, párr. 56; y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 31 párr. 131 77 Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 71, párrs. 117 y 118. 78 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, supra nota 71, párr. 57. El Tribunal ha señalado que “es indispensable[…] la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto a ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar”. Cfr. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. OC-5/85, supra nota 71, párr. 34. 79 Cfr., inter alia, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC18/03. Serie A No. 18, párrs. 112-172; Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 38, párrs. 173-189. 80 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia, supra nota 38, párr. 111; Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 113; y Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, supra nota 29, párr. 77.