-81C.ii.1 Cambios en la asignación de la fiscalía a cargo de la persecución penal 308. Según fue indicado, a partir de la primera denuncia interpuesta el 31 de enero de 2002 por las presuntas víctimas ante la Dirección de Delitos Comunes 320, se fueron acumulando sucesivas denuncias que abarcaban un gran número de hechos de diversa entidad ocurridos entre 2001 y 2004. 309. Respecto de la denuncia inicial, el 18 de febrero de 2002 las Fiscalías 2º y 74º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a las cuales se había asignado conjuntamente el conocimiento de dicha denuncia, ordenaron iniciar las investigaciones321. Dicha causa pasó luego a la Fiscalía 68º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 310. El Estado señaló que en marzo de 2005 las causas se encontraban sometidas a la Fiscalía 50° del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena 322, la cual dispuso “organizar la totalidad de las actuaciones que fueron recibidas”. En junio de 2008, el conocimiento de dicha causa habría pasado a la Fiscalía 32º del Área Metropolitana de Caracas. 311. En consecuencia, esta causa fue asignada sucesivamente a diversas fiscalías. La cantidad y frecuencia de cambios en el órgano encargado de la investigación no resulta favorable para el desarrollo y efectividad de ésta. No se ha establecido que tales cambios obedezcan a motivos particulares que los justifique, y en este caso no han sido alegados. C.ii.2 Inactividad procesal del Ministerio Público en algunos casos 312. Los representantes sostuvieron que la actuación del Ministerio Público fue negligente en el curso de los procedimientos penales; que las presuntas víctimas no sólo solicitaron diligencias de investigación, sino también aportaron las pruebas disponibles; y que en la mayoría de los casos el Ministerio Público no llevó a cabo las investigaciones o las abandonó luego de realizar las primeras diligencias. Además, alegaron que para considerar que el Estado ha cumplido con su obligación de investigar en aquellos casos en que no exista una persona condenada, aquél tiene la carga de demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial. 313. El Estado sostuvo que cada denuncia ha recibido trámite procesal, se han practicado pruebas, se ha movilizado el aparato de investigación estatal y se ha contado con la actividad siempre responsable del Ministerio Público y los demás agentes del Estado, por lo que es falso que no se ha actuado con la debida diligencia. 314. En cuanto a la duración de la fase preparatoria o de investigación, el artículo 313 del COPP dispone que “el Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera. Pasados seis meses desde la individualización del imputado, 320 Cfr. denuncia interpuesta ante el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 31 de enero de 2002 (expediente de prueba, tomo V, folios 1475-1480). 321 Cfr. informe n° DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16 de 15 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.6.10 a la contestación de la demanda, folio 3801); y solicitud de sobreseimiento y desestimación de la Fiscalía 50º a Nivel Nacional con Competencia Plena de 18 de enero de 2006 (expediente de prueba, tomo XXVII, folios 9450-9468). 322 Cfr. informe n° DFGR-DVFGR-DGAP-DPDF-16 de 15 de marzo de 2005 (expediente de prueba, tomo X, anexo A.6.10 a la contestación de la demanda, folio 3801).