29 80. Además de la discusión sobre la aplicación de la disposición transitoria, las expresiones de los diputados durante la sesión, para justificar la decisión que posteriormente se tomaría en contra de los magistrados de la Corte Suprema, hacían referencia a: i) la alegada politización de dicha Corte 123; ii) presuntos actos de corrupción cometidos por dicha Corte, y iii) la supuesta falta de idoneidad de los magistrados 124. 81. Algunos diputados que no apoyaron la resolución de cese señalaron que había motivos distintos a los expresados por diputados que estaban de acuerdo con el cese de los magistrados de la Corte Suprema 125. Por otra parte, algunos diputados manifestaron que el que terminaban su mandato en agosto, que era la misma época de la posesión presidencial. Como la Constitución cambió, lo que hizo la disposición transitoria 25 fue ampliar el mandato de dichos funcionarios por 5 meses hasta el cambio presidencial que era en enero. Acta 24-001 de 8 de diciembre de 2004 (expediente de anexos al informe, tomo II, folio 247, 365 y 388). 123 Sobre la alegada politización de la Corte Suprema, por lo menos 4 diputados se expresaron en este sentido. En efecto, el diputado Proaño Maya manifestó en dicha fecha que “el país h[abía] comprobado que los jueces ahora tienen el poder democrático de la nación […] esta tendencia ha hecho que se destruyan las instituciones, que haya manipulación judicial, que haya concentración de poderes, que haya una suplantación de la justicia por la venganza y que los jueces, en lugar de ser jueces verdaderos, sean servidores perversos de los intereses políticos o de los intereses de los poderosos”. En este sentido, aseguró que era necesario acabar con la “judicialización de la política y [la] politización de la justicia”, por cuanto “no quer[ían] que exist[ieran] en el país hombres perseguidos por el odio con nombre de justicia, ya no quer[ían] en el país que exist[ieran] exilados con dolor y con lágrimas, porque el odio político escribió las sentencias en los escritorios de [sus] adversarios”. Igualmente, el diputado Villacís Maldonado preguntó “quién [iba] a defender un poder judicial que se reúne en pleno con quien se cree dueño de[l] país”. Por otra parte, el diputado Posso Salgado aseguró que “la Corte Suprema de Justicia […] ha estado […] secuestrada durante años por una organización política y un jefe político en este país”. El diputado Erazo Reasco se refirió a la “necesidad que las instituciones del Estado no estén secuestradas, no actúen por dirección, por orientación, por orden, ni de partidos políticos ni de un líder” y en particular, manifestó que “16 de los 31 [magistrados] que t[enía] la Corte Suprema [eran] del partido social cristiano”. Acta 24-001 de 8 de diciembre de 2004 (expediente de anexos al informe, tomo II, folios 344, 348, 383, 388 y 407). 124 Respecto a los presuntos actos de corrupción o falta de idoneidad de los magistrados aproximadamente 4 diputados hicieron mención a esto. En efecto, el diputado Almeida Morán expresó que “para nadie es desconocido que las sentencia se […] venden, que las resoluciones judiciales se […] canjean”. Asimismo, agregó que “qu[erían] la cooptación para hacer una casta. Casta que a futuro los siguen nombrando a parientes, al mismo grupo de los mismo perjudicadores”. Por otra parte, señaló que “en los próximas días [iba] a entregar las fortunas de todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia que ha[bían] variado enormemente. De todos los jueces y fiscales del país que han variado enormemente, y que se convierten en ricos y nuevos ricos a partir de los 3 meses”. El diputado Touma Bacilio indicó que “[a]hora que está conformada esta mayoría para tratar un clamor de la ciudadanía que es la justicia que no existe en este país, salen los defensores de la Constitución Política del Estado, salen los defensores de los magistrados [que] nunca fueron capaces de presentar una denuncia de corrupción de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, […] han sido cómplices y encubridores de esa justicia que ha venido siendo administrada durante 25 años […] y ahora son defensores de los corruptos”. En similar sentido, el diputado Villacís Maldonado declaró que “la Corte Suprema [tenía] jueces ladrones, […] jueces mafiosos, […] jueces irresponsables”. Asimismo, el diputado Villacís Maldonado, quien fuera el diputado que propuso el texto de la resolución para cesar a los magistrados, declaró sobre el debate que se había llevado a cabo que “la única diferencia [era] que algunos defienden a los corruptos y otros t[enían] una posición de luchar contra la corrupción”. Acta 24-001 de 8 de diciembre de 2004 (expediente de anexos al informe, tomo II, folios 351, 352, 355, 369, 384 y 446). 125 Al respecto, el diputado Quispe Lozano manifestó que si era necesario “rescatar la justicia, pero no [iban] a quitarle la administración de justicia de manos de León Febres Cordero para entregar[la] a Abdalá Bucaram”. Igualmente, el diputado Pazmiño Granizo declaró que “esta[ban] matando la poca institucionalidad que exist[ía] en el Ecuador, solo para que sobreviv[iera] políticamente el señor Abdala Bucaram Ortiz[, de manera que] todo eso [que habían] visto en el Congreso Nacional [en esas] últimas semanas[, era] repartirse una gran torta […] para salvar a un solo hombre”. Por otra parte, el diputado González Albornoz se preguntó sobre si “sinceramente [creían] que a alguien le interesa[ba] la sala de lo civil de la Corte, […] la sala de lo laboral [o] la sala de lo contencioso […], el interés de la Corte Suprema de Justicia es quién controla la sala de lo penal [y] eso los ecuatoriano saben por qué, […] es por […] políticos que tienen problemas con la justicia”. En otro sentido, la diputada Viteri Jiménez que lo que se buscaba era el control del Tribunal Constitucional, puesto que “[s]in el Tribunal Constitucional no puede [el Presidente] hacer nada […], teniendo el Tribunal […] puede hacer esto, cambiar las cortes vía resolución” y con el control del poder judicial se manejaría “cualquier inicio de juicio penal […] respecto de actos de corrupción del presente gobierno”. Acta 24-001 de 8 de diciembre de 2004 (expediente de anexos al informe, tomo II, folios 358, 365, 373, 381, 390 y 391).