9 permanente, pero los beneficiarios informaron que ellos desinstalaran el equipo y se le entregarían a la Fiscalía para su revisión”. En cuanto a una nueva cámara de circuito cerrado, el Estado indicó que “dado que el beneficiario Adolfo Guzmán ya no trabaja en la organización denominada E[NLACE], donde se instaló una cámara, ésta puede ser instalada en el domicilio del beneficiario [indicando] que hará[…] del conocimiento de esa organización esta situación, a efecto que realicen una valoración sobre el particular”. Por último, los representantes señalaron que “no hay alumbrado público alrededor del domicilio de la beneficiaria, y solicitaron reflectores en la propiedad”. Al respecto, el Estado indicó que “la Secretaría de Gobierno de Chiapas realizará las gestiones necesarias con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, a efecto de que se restablezca el servicio público de alumbrado”. 11. El Estado expresó que “carece de sustento el argumento que el Gobierno del [e]stado de Chiapas se ha negado a investigar a sus funcionarios” tal y como lo indicó la Comisión, ya que sí han llevado a cabo diversas investigaciones respecto a lo sucedido, señalando como posibles responsables a sus funcionarios. El Estado concluyó que “no comparte el criterio de la C[omisión] en el sentido que los beneficiarios de las medidas cautelares se encuentran en un nivel de gravedad más elevado, por las presuntas amenazas recibidas, dado que se encuentran custodiados por elementos de seguridad”. Por tanto manifestó que “las medidas cautelares que se llevan a cabo, han permitido evitar daños irreparables a los beneficiarios por lo que ha sido oportuna y eficaz su implementación, de ahí que el [E]stado mexicano considera que en el marco de las medidas de la [Comisión], se debe de continuar el seguimiento del presente asunto y no ante la Corte Interamericana”. 12. La comunicación de 14 de diciembre de 2011, mediante la cual la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó a la Comisión Interamericana que, a más tardar el 9 de enero de 2012, remitiera las observaciones que estimara pertinentes sobre la información presentada por el Estado, en particular, que se pronunciara sobre la reunión efectuada el 1 de diciembre de 2011 que según el Estado se realizó “en consenso con los beneficiarios y sus representantes”, en la que se acordaron algunas acciones para garantizar la seguridad y protección de la señora Martínez Martínez y sus familiares. 13. El escrito de 16 de enero de 2012, mediante el cual la Comisión presentó sus observaciones al informe estatal, en el cual señaló que las investigaciones relativas a los distintos hechos de amenaza de los que habrían sido víctimas los solicitantes es la misma que se tenía con anterioridad a la presentación de la solicitud de las medidas provisionales, y que ha sido puesta en conocimiento de la Corte, por lo que el Estado no aporta elementos nuevos de análisis. En ese sentido señaló que no se desprende que el Estado haya avanzado en las investigaciones sobre los hechos que dieron origen a las medidas cautelares; por el contrario, la información existente indica que las investigaciones se encuentran en etapas preliminares, ya que no hay ninguna persona detenida y sólo respecto de un individuo existiría auto formal de prisión. 14. Por otra parte, la Comisión consideró que, en cuanto a la manifestación del Estado de que desde octubre de 2011 no se ha tenido noticia de algún hecho de amenaza y hostigamiento contra los solicitantes, esa afirmación carece de un análisis integral de la situación que han atravesado los posibles beneficiarios. Al respecto, señaló que Margarita Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz y sus hijos han sido objeto de amenazas y hostigamiento, desde noviembre de 2009 hasta al menos octubre de 2011, incluso con meses de diferencia. Sus representantes han identificado que tales hechos estarían directamente relacionados con las apariciones públicas de la señora Martínez Martínez y el señor Guzmán Ordaz. En consideración de lo cual la Comisión reiteró que durante el período de vigencia de las medidas cautelares y, a pesar de ellas, los solicitantes han continuado siendo objeto de amenazas, hostigamientos y seguimientos, pese a la seguridad brindada por los agentes