15 64. El 6 de octubre de 2004 la señora Yarce fue asesinada mientras desarrollaba actividades cívicas en el barrio Independencias III, en compañía de la señora Mery Naranjo y su hija Mónica Dulfary Orozco Yarce. Indican que este asesinato fue llevado a cabo tres o cuatro días después de que ella en cumplimiento de su deber ciudadano y social denunció hechos que realizaban los grupos armados contra la comunidad, así como por haber denunciado ante las autoridades competentes las amenazas, y hostigamientos que sufrió después de la detención ilegal. Entienden que la señora Yarce fue perseguida y posteriormente asesinada por el compromiso que tenía con la comunidad, por denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometían en el barrio, y porque reclamó y exigió el respeto y garantía de los derechos humanos. Consideran los peticionarios que el asesinato de la señora Yarce fue cometido por integrantes de los grupos paramilitares, instalados legalmente en la Comuna 13 después de la Operación Orión, y de la falsa desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en noviembre de 2003. Entienden que el asesinato de la señora Yarce evidencia la falta de protección y garantías que tenía la población civil en la Comuna 13 y reafirma como durante la Operación Orión y posteriormente bajo el control paramilitar, una de las estrategias de control y poder social era acabar con las organizaciones sociales y comunitarias, y con sus líderes y lideresas, debido al importante rol que juegan dentro de la comunidad. 65. Como consecuencia del asesinato de la señora Yarce, la situación de seguridad de las señoras Naranjo y Mosquera se tornó más grave y tuvieron que salir de su residencia y alejarse de sus hijos. La señora Naranjo regresó al barrio Las Independencias III en el año 2005, pero el desplazamiento de la señora Mosquera continúa hasta la fecha, a pesar de que no ha dejado sus labores de Presidente de la AMI. 66. Los peticionarios destacan que para la fecha del asesinato de la señora Yarce, en todo Medellín se sabía que los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara controlaban social y económicamente la Comuna 13. Soldados del ejército y agentes de la policía que permanecían en la Comuna fueron conniventes con las acciones realizadas por los grupos paramilitares que seguían actuando al margen de la ley. Indican que esta situación fue documentada de forma repetida por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y entienden que el Estado niega esta situación sin fundamento. 67. Los peticionarios indican que otro hecho que permite evidenciar la gravedad de la persecución sufrida por estas líderes fue el allanamiento ilegal de la residencia de la familia de la señora Mery Naranjo el 6 de febrero de 2006 en la Comuna 13. Sostienen que este allanamiento fue efectuado por un comando conjunto de integrantes del Ejército y paramilitares, sin orden judicial. En el mismo resultó herida la niña Luisa María Escudero, de 14 años de edad, y sobrina de la señora Naranjo. Este allanamiento ocurrió en el marco de la vigencia de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH referidas supra en los párrafos 27-32 del presente informe. 68. Como resultado de estos hechos, las señoras Naranjo y Mosquera han tenido que abandonar los cargos que venían ejerciendo como líderes comunitarias. Se les ha impedido el ejercicio como Presidentas de la Junta de Acción Comunal, y la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), respectivamente. Por tanto, el ejercicio legítimo de su derecho a la libre asociación fue restringido por los grupos paramilitares, con la tolerancia del Estado, quienes intentaron acabar con las Juntas de Acción Comunal y la AMI para acallar los reclamos, denuncias, y el trabajo comunitario que se realizaba a través de las mismas, con las amenazas y persecución sistemática de sus integrantes y líderes.