considerado que “no hay elementos concretos para demostrar la comisión de un delito para que se pueda proceder a la investigación”, debido a que dicho Fiscal no habría revelado la fuente que le alertó de la entrada al país de sicarios con órdenes de darle muerte. Los ataques y amenazas en su contra a través de las redes sociales emanan “de personas investigadas”, y en su mayoría provienen “de los más altos funcionarios estatales, o sectores pertenecientes a las altas esferas económicas del país”. Las siete denuncias penales interpuestas en su contra, que fueron desestimadas, pone de manifiesto que las constantes acciones que se impulsan en su contra carecen de fundamento, constituyendo una estrategia de desgaste y hostigamiento, aunado a que las personas que las impulsan han sido acusadas o condenadas como resultado de las investigaciones de la FECI. ii. “[S]obre los esquemas de protección de los beneficiarios y la alegada negativa a someterse a los análisis de riesgo requeridos por el Estado”. Lamentaron la confusión respecto de la información brindada en su escrito de solicitud de medidas provisionales acerca del Auxiliar Fiscal “C”, relativa a que no contaba con un esquema de protección cuando en realidad sí lo tiene, lo cual “se debió a que esa era la información con la que […] contaba[n] en ese momento” sin que esto fuese “un intento de hacer caer en error” a la Corte. Respecto al Fiscal “A” señalaron que durante la primera semana de junio se dispuso nombrar elementos de seguridad para su familia. En cuanto al Fiscal B, luego del análisis de riesgo realizado el 24 de febrero de 2020 (tras el incidente sufrido el 10 de febrero), se estableció que requería que se aumentara su esquema de protección, sin embargo, fue casi cuatro meses después que se hizo efectivo. Se refirieron a las razones por las que consideran que siguen existiendo deficiencias en los esquemas y medidas de protección de los beneficiarios, y que consideran que también se debe “ejecutar una estrategia de medios para dignificar la labor del trabajo de la FECI, o emitir una directriz para manejar las denuncias penales y administrativas espurias en contra de los beneficiarios”. iii. Sobre “la Procuraduría General de la Nación”. Los representantes señalaron que el hecho de que dicha institución de seguimiento al presente asunto “pone en riesgo a las personas beneficiarias por diversos motivos, a saber: 1) es una de las instituciones que ha generado el riesgo al que están expuestos los beneficiarios14; 2) se niega a aceptar los compromisos previamente adquiridos por COPREDEH y obstaculiza la implementación de las presentes medidas; 3) ha accedido y compartido información confidencial sobre los beneficiarios15; 4) considera que el riesgo al que están expuestos no existe, y 5) según la propia legislación interna guatemalteca, la COPREDEH y el MP [Ministerio Público] son las instituciones llamadas a ejercer la representación internacional del Estado en los procesos ante los órganos interamericanos”. iv. Información adicional sobre nuevos hechos de riesgo cometidos contra el Fiscal “A”. Se refirieron a hechos relativos al “[c]ontexto sobre el proceso de elección de Altas Cortes en Guatemala”, y como después del informe presentado por la FECI al Congreso de la República “se han arreciado” los hechos de “acoso mediático”, “estigmatización”, “criminalización” y “difamación” en contra del Fiscal “A” a través de redes sociales y medios de prensa digitales, además, “se presentaron dos denuncias infundadas adicionales” en su contra16. 11. En su escrito de 7 de agosto de 2020 (supra Visto 16), los representantes indicaron que los análisis de riesgo realizados en mayo y junio de 2020 por el Ministerio Público a los tres fiscales de la FECI, recién fueron de su conocimiento el 30 de julio, y que los mismos presentarían falencias, tales como que no se consideró el riesgo que implica que varios de los acusados por la FECI en el caso Ruiz Fuentes se encuentren en libertad, “entre ellos antiguos funcionarios de alto nivel, como dos ex Ministros de Gobernación y un ex Sub Los representantes se refirieron ampliamente a hechos que habían acontecido en el marco del caso Odebrecht en Guatemala, así como también a cuestionamientos respecto al actual Procurador General de la Nación. 15 Los representantes advirtieron que dicha información se refiere a “entrevistas de análisis de riesgo íntegras realizadas a los beneficiarios a lo largo de los años, en las que aparecen detalles confidenciales y muy delicados”, a los que “nadie ajeno al Ministerio Público debería tener acceso a su contenido, mucho menos sin el consentimiento expreso de los fiscales”. Además, advirtieron que debido a que no se acompaña el oficio mediante el cual la Fiscal General habría remitido los mismos a la PGN “se desconoce cómo dicha institución tuvo finalmente acceso a éstos”. 16 Cfr. Síntesis de las denuncias interpuestas contra el Fiscal “A” (anexos al escrito de los representantes de 30 de junio de 2020). 14 8