4 disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos4. A) Investigación de los hechos de la Masacre Plan de Sánchez con el fin de identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables (punto resolutivo primero de la Sentencia) 6. En su informe de 7 de enero de 2010 el Estado expresó que los investigadores asignados a la Fiscalía de Derechos Humanos realizan “las diligencias necesarias a efecto de identificar, individualizar y ubicar a las personas que como patrulleros civiles y comisionados militares […] tuvieron participación en los hechos, por lo que se están recabando los documentos de identificación de las víctimas de la masacre y de las personas que presuntamente tuvieron alguna participación en la misma.” Asimismo el Estado informó respecto de las diligencias realizadas por el Ministerio Público durante el año 2009, mencionó que el 10 de diciembre de 2009 se presentó la propuesta ante los Magistrados de la Cámara Penal de ejecutar las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado de Guatemala, y que posteriormente se realizó una segunda reunión en la sede de la Cámara Penal de la Corte de Justicia el 11 de diciembre, así como en la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (en adelante “COPREDEH”) el 23 de diciembre 2009, con el fin de buscar “los medios idóneos para hacer avanzar las sentencias”. 7. Los representantes refirieron que “la poca información que el Estado traslada en relación a las diligencias realizadas hasta el momento en la investigación del caso”. Expresaron que dichas diligencias “se llevaron a cabo el 3 de marzo de 2009, sin que a la fecha de presentación del informe [estatal] se tuviera resultados de las mismas o nuevas diligencias de impulso a la investigación que fueran más allá de envío de correspondencia”. Asimismo, mencionaron que las víctimas consideran que es “notoria la falta de voluntad del Estado en avanzar en [esta] investigación”. Los representantes manifestaron además la necesidad que la COPREDEH “se involucre en un proceso de seguimiento e información de doble vía, tanto al Ministerio Público sobre la necesidad de avanzar con la investigación del caso; y de igual manera de información a las víctimas y sus representantes, abriendo [así] el espacio entre [los mencionados actores,] en el cual se conozca sobre el avance de la investigación y se impulsen además nuevas diligencias”. Por último, indicaron que se solicite al Estado un informe pormenorizado de los resultados de las diligencias realizadas hasta la fecha. 8. Por otro lado, en sus observaciones de 12 de mayo de 2010, la Comisión señaló “que el Estado no presenta información actualizada sobre el avance de las investigaciones” y reiteró que la información “no refleja actos eficaces de cumplimiento de la obligación [a] investigar en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia”. La Comisión manifestó que a “más de cinco años y ocho meses después de dictada la [S]entencia, […] observa que no ha cambiado la situación que la Corte constató en el procedimiento de fondo del caso”. Por ello, consideró fundamental que se reitere al Estado la medida de reparación ordenada en relación con la realización de investigaciones diligentes para sancionar a los responsables. 4 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37; Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia, supra nota 1, considerando quinto, y Caso Penal Castro Castro Vs. Perú, supra nota 2, considerando séptimo.