53 de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens”210. De ahí que toda vez que haya motivos razonables para presumir que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación211 ex oficio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva212. En cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente213. 194. En el presente caso está demostrado que con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, efectuado el 9 de marzo de 1987, los familiares de la presunta víctima acudieron a la Estación de la Policía Nacional de la Calzada San Juan a denunciar la detención de Florencio Chitay y días después, el partido DC denunció públicamente su secuestro, aunado al hecho de que el señor Chitay Nech era reconocido como dirigente político por los cargos que había ocupado en el Concejo Municipal de San Martín Jilotepeque, lo que lo hacía una figura pública. En razón de esto, la Corte considera que no es admisible el argumento del Estado de desconocer los hechos ocurridos el 1 de abril de 1981, ya que es evidente que las autoridades estatales tuvieron conocimiento de los mismos. Además, con posterioridad al 9 de marzo de 1987, se destacan otras dos oportunidades en las que el Estado tuvo conocimiento de los hechos, a saber: a) en el año 1999, en el Informe de la CEH se registró la desaparición de Florencio Chitay en el caso No. 707, y b) el 12 de octubre de 2004, con la interposición de un recurso de exhibición personal. Ello confirma que, aún habiendo tenido noticia formal de los hechos con la interposición de ese recurso, el Estado no actuó consecuentemente con su deber de iniciar inmediatamente una investigación exhaustiva214. Está probado que entre el 9 de marzo de 1987 y el 1 marzo de 2009, el Estado no impulsó investigación alguna y fue recién el 2 de marzo de 2009 que inició ciertas diligencias de investigación con la presentación de la denuncia formal de la desaparición forzada del señor Chitay Nech por parte de la COPREDEH215. 210 Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, supra nota 87, párr. 84; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 59, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 139. 211 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 143. 212 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 94, párr. 145, Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 65, y Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 143. 213 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 86, párr. 65, y Caso Radilla Pacheco Vs México, supra nota 12, párr 143. 214 215 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 12, párr. 200. El artículo 201 TER, Decreto No. 48-1995 reformas al Código Penal (Decreto 17-1973) de 14 de julio de 1995. Desaparición Forzada, establece que: “[c]omete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autorización o apoyo de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la libertad a una o más personas, por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público, pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o de la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada, la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente, cometen delito de desaparición forzada, los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera continuado en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años. Se impondrá la pena de muerte en lugar del máximo de prisión, cuando con motivo u ocasión de la desaparición forzada, la víctima resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere.”