179. Por su parte, la señora Rodríguez Ricse el 11 de diciembre de 2006 interpuso una acción
de amparo en contra de la decisión de no ratificación. El 18 de diciembre de 2006 el Juzgado Mixto
de Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón declaró improcedente la demanda de amparo. La señora
Rodríguez interpuso un recurso de apelación en el que solicitó revocar la resolución impugnada,
el 22 de junio de 2007 la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Lima Norte
declaró sin lugar el recurso de apelación argumentando la extemporaneidad de la demanda de
amparo. Finalmente, la señora Rodríguez presentó un recurso de agravio constitucional contra la
decisión anterior ante el Tribunal Constitucional. El 20 de diciembre de 2007 el Tribunal
Constitucional declaró sin lugar el recurso de agravio constitucional indicando la extemporaneidad
de la acción y que no se acreditó el carácter continuo de la afectación (supra párrs. 102 a 104).
180. De lo anterior, en primer término, se desprende que el proceso de amparo presentado por
el señor Cuya no resultó ser un mecanismo idóneo y eficaz para proteger la garantía de estabilidad
en el cargo, en tanto que no obtuvo un pronunciamiento de fondo dirigido a dejar sin efecto la
resolución que ordenó su no ratificación en el cargo. Tal situación fue reafirmada por la decisión
del Tribunal Constitucional que no permitió la revisión de la situación, al declarar infundado el
recurso de amparo.
181. En segundo término, igualmente los recursos de amparo presentados por el señor Díaz
Alvarado y la señora Rodríguez Ricse resultaron ineficaces para proteger la garantía de estabilidad
en el cargo, ya que no se obtuvo un pronunciamiento de fondo. Los recursos fueron declarados
improcedentes bajo el argumento que las resoluciones del CNM son irrevisables en la sede judicial.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró sin lugar los recursos presentados por
extemporáneos sin tomar en cuenta los nuevos criterios jurisprudenciales y normativos producidos en
el año 2005, que el mismo Estado adujo.
182. Además, la Corte estima que la normativa aplicable en el presente caso al momento del
dictado de las resoluciones de no ratificación del CNM contra las presuntas víctimas impedía la
revisión judicial en materia de evaluaciones y ratificaciones de las juezas, los jueces y las y los
fiscales, las decisiones eran inimpugnables en la sede administrativa e irrecurribles en sede
judicial, lo que resultaba incompatible con la Convención Americana, en tanto la regulación no
permitía a las presuntas víctimas acceder a la justicia, mediante un recurso que les permitiera
proteger sus derechos. Por lo anterior, la Corte considera que el marco normativo vigente en Perú
aplicado en el presente caso es violatorio del artículo 2 de la Convención Americana en relación
con el artículo 25.1 del mismo instrumento, aunque como adujo el Estado, posteriormente se abrió
la posibilidad de impugnar las resoluciones del CNM a través del recurso de amparo bajo ciertas
condiciones.
183. En consecuencia, la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación a la
protección judicial establecida en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge
Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse. Finalmente, la Corte
considera innecesario analizar los alegatos concernientes al artículo 8.2.h) de la Convención, pues,
dado lo acontecido en el caso concreto, el análisis respectivo se realizó en lo que atañe a la alegada
violación al derecho a la protección judicial.
C. Conclusión
184. La Corte concluye que el Estado es responsable de la violación a la protección judicial
establecida en el artículo 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Jorge Luis Cuya Lavy,
Jean Aubert Díaz Alvarado y Marta Silvana Rodríguez Ricse.
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