título de propiedad legítimo en sus áreas de residencia. 2. La demarcación y extensión de las áreas residenciales respectivas […] serán determinadas sobre la base de un estudio ejecutado al respecto por el Consejo de Desarrollo Interior”. Sin embargo, el Estado no ha adoptado ninguna medida para dar efecto a esta disposición 59. 52. Dicha situación fue previamente analizada por la Corte en el caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam, en el cual estableció como hecho probado que “[a] pesar de que a los miembros individuales de las comunidades indígenas y tribales se les reconoce como personas en la Constitución de Surinam, el ordenamiento jurídico del Estado no reconoce tales comunidades como entidades jurídicas. Igualmente, la legislación nacional no establece derechos colectivos a la propiedad” 60. 53. Asimismo, en el caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, la Corte concluyó que “el marco legal del Estado meramente le otorga a los integrantes del Pueblo Saramaka un privilegio para usar la tierra, el cual no le garantiza el derecho de controlar efectivamente y ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa” 61. 54. Por otra parteel 27 de septiembre de 2013 se realizó una reunión entre autoridades estatales y representantes de comunidades indígenas y maroons en la cual se constituyeron tres comités relacionados con el desarrollo de legislación sobre autoridades tradicionales, campañas de concientización y consulta previa e informada. 55. El 6 de enero de 2014 el Estado contrató un equipo de consultores para que elaborara un borrador de proyecto de ley sobre autoridades tradicionales 62. El proyecto de 3 de junio de 2014denominado “Draft Bill on Traditional Authorities”estableció, entre otros, que un Ministro encargado de los asuntos relacionados con autoridades tradicionales nombraría a un grupo de dignatarios que servirían como intermediarios entre el Gobierno y las comunidades indígenas y/o maroons y serían responsables de mantener la paz y el orden en las comunidades, para lo cual cumplirían con una jornada laboral y serían remunerados por el Estado 63. Cabe señalar que, la Corte constató que dicho proyecto no contemplabaa los pueblos indígenas y tribales como personas jurídicas oderechos respecto de tierras, recursos y territorios comunales. 56. Asimismo, en unacomunicación del señor Martin Misiedjan, Presidente de la Comisión de Derechos Territoriales y agente del Estadopara elpresente caso, dirigida a comunidades indígenas y maroons, se señaló que el borrador del proyecto de ley fue elaborado sin la contribución de comunidades indígenas y maroons, por lo cual los invitó a una reunión para realizar la discusión del borrador 64. No obstante, la Corte carece de información sobre a quién iba dirigida la invitación, si dicha reunión fue efectuada y los resultados de la misma. 57. Por otra parte, la Corte toma nota de que el 1 de octubre de 2014, el señor Martin Misiedjan le dirigió una comunicación al Director Ejecutivo de “Conservation International 59 El artículo 10 (el derecho a la tierra) del Acuerdo de Lelydorp.Cfr.Affidavit de Loreen Jubitana de 27 de enero de 2015 (expediente de fondo, folios 431 y 432). 60 Caso de la Comunidad Moiwana, supra, párr. 86.5. 61 Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 115. 62 Cfr.Affidavit de Loreen Jubitana de 27 de enero de 2015 (expediente de fondo, folio 433), y Contrato por servicios profesionales de 6 de enero de 2014 (expediente de prueba, folio 2997). 63 Cfr. Artículos 1, 2, 5, 7 y 8, Draft Bill on Traditional Authorities, de 3 junio de 2014 (expediente de fondo, folios 848 a 850). 64 Cfr. Comunicación de 30 de julio de 2014, Ref.: 038-14/KB/BG (expediente de prueba, folio 3000). 19