-16amenazas directas, que se han acrecentado conforme avanza el caso contencioso ante la Corte Interamericana. 15. La Corte observa que los hechos señalados por los representantes y la Comisión estarían ocurriendo en una región particularmente afectada por la violencia y el desplazamiento en el marco del conflicto armado, en que se alega que varios grupos armados ilegales ejercerían determinada presencia o control territorial y fluvial en zonas por las que transitan miembros de las comunidades negras y resguardos de los pueblos indígenas. 16. Al respecto, el Sistema de Alertas Tempranas (“SAT”) de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en particular la Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en una “nota de seguimiento” de 30 de noviembre de 2012 al “informe de riesgo” emitido en diciembre de 2011, ha reconocido la presencia de grupos paramilitares en la cuenca del rio Cacarica y por el Atrato, entre los municipios de Riosucio y Turbo, ejerciendo control de carga y de pasajeros sobre la navegabilidad de los ríos y por consecuencia limitando la movilidad de las comunidades 29. En esta zona, sus acciones han afectado gravemente a las comunidades de la cuenca del Río Cacarica, pues estarían reteniendo las embarcaciones tipo “chalupa”, cobrando tributos forzosos por el ingreso de víveres y alimentos y por la salida de recursos maderables y excedentes de pan coger. Además, según se destaca en el informa, se producen amenazas y se realizan señalamientos, hurtos de dinero de las tiendas comunitarias y gasolina necesarias para la supervivencia de la población civil, esencial para el funcionamiento de las embarcaciones y los generadores eléctricos de la comunidad30. 17. Además, el informe menciona también que “[l]a presencia de Unidades de la Fuerza Pública dentro de los poblados o en zonas de cultivos de las comunidades ha generado la ocurrencia de enfrentamientos y hostigamientos por parte de los grupos ilegales. Las Farc han recurrido al minado en zonas cada vez más cercanas a las comunidades”. Adicionalmente señala el informe que “la ocurrencia de acciones bélicas en el Bajo Atrato ha provocado desplazamientos forzados, al que se suman las restricciones a la movilidad” 31. 18. En este contexto, las medidas provisionales fueron solicitadas únicamente a favor de 14 miembros de las referidas comunidades, quienes en su mayoría son líderes de comunidades desplazadas o de CAVIDA y, además de peticionarios ante el Sistema Interamericano, desarrollan actividades de denuncia y reivindicación de tierras colectivas, en un contexto en que líderes comunitarios se han visto obligados a limitar su participación en esas actividades o en 29 La Defensoría del Pueblo agregó que “[l]os Urabeños han instalado personas vinculadas con esa estructura denominados “puntos” en varias zonas estratégicas del Bajo Atrato”. Asimismo, por el Atrato, entre los municipios de Riosucio y Turbo, presuntos miembros de los Urabeños controlan el transporte de carga y de pasajeros. Señala el informa que esos grupos portan radios de comunicación, armas cortas y largas; cuentan con lanchas rápidas, lo que les permite ejercer el control sobre la navegabilidad de los ríos Sucio y Atrato, el tránsito de personas, madera y combustible y vigilan la vía que comunica el corregimiento Llano Rico con Belén de Bajira, una zona estratégica que comunica al eje bananero, y la Serranía de Abibe con las cuencas del Jiguamuiandó y Curbaradó y el Bajo Atrato. Sistema de Alertas Tempranas (“SAT”), Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Nota de Seguimiento N° 018-12, Segunda Nota al Informe de Riesgo N°03109 A.I, 30 de noviembre de 2012, folios 27 y siguientes. 30 Sistema de Alertas Tempranas (“SAT”), Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Nota de Seguimiento N° 018-12, Segunda Nota al Informe de Riesgo N°031-09 A.I, 30 de noviembre de 2012, folio 31. 31 “Estas condiciones han permitido que muchas comunidades Indígenas de las cuencas del Salaquí y Truandó que se fueron desplazadas de manera forzosa desde mediados de los 90 y el 2003 no tengan garantías para retornar a sus territorios, lo que ha provocado graves afectaciones a la cultura y agudizado problemáticas como la desarticulación comunitaria, desarraigo y debilitamiento de los proyectos colectivos de resistencia”. Sistema de Alertas Tempranas (“SAT”), Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH, Nota de Seguimiento N° 018-12, Segunda Nota al Informe de Riesgo N°031-09 A.I, 30 de noviembre de 2012, folio 51.