-3d) La Comisión indicó, en su solicitud correspondiente al expediente de medidas cautelares 70/97, que “corresponde otorgar medidas cautelares en los términos del artículo 29.2 de su Reglamento con el fin de evitar un daño irreparable a las personas que habitan los campamentos de desplazados en Turbo. En consecuencia solicita al gobierno que i. Adopte las medidas necesarias para investigar los hechos ocurridos a los desplazados que habitan en Turbo; ii. Realice los actos necesarios para evitar el ingreso de personas armadas ajenas a los campamentos de desplazados, y iii. Asegure que agentes estatales y actores privados respeten los campamentos de desplazados como sitios humanitarios que gozan de especial protección”. e) El 8 de julio de 1998 el Estado presentó su respuesta, en la cual informó sobre los puntos requeridos por la Comisión e indicó: i. Respecto de la falta de seguridad en los albergues de desplazados y el Coliseo “[se encuentran] bajo custodia de la Policía, sin que desde que se decretaron las medidas cautelares a la fecha se hayan presentado amenazas en contra de las personas asentadas provisionalmente en los sitios mencionados”, y ii. Con relación a la información presentada por el Consejero Presidencial para Desplazados, “el gobierno nacional ha venido concertando un clima de cordialidad con los representantes de las diferentes comunidades allí ubicadas todo lo relacionado con el retoro a sus lugares de origen”; f) El 24 de abril del 2000 la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz envió información a la Comisión Interamericana respecto de los supuestos interrogatorios realizados por paramilitares, a los que fueron sometidos los habitantes del Coliseo de Turbo cuando iniciaban la primer fase de retorno a sus lugares de origen. Asimismo, reportaron el presunto homicidio de un campesino de nombre Otoniel Bautista Mantilla, ocurrido el 22 de marzo de 2000, hecho que fue acompañado de amenazas a la población; g) En reuniones celebradas en Bogotá, en los meses de abril y noviembre de 2001 y octubre de 2002, así como en las audiencias públicas celebradas en su sede en mayo de 2002, y reuniones de trabajo que han tenido lugar en sus 113, 116, 118, 119 y 123° periodos ordinarios de sesiones en Washington D.C, la Comisión recibió información acerca de la persistencia de la presunta situación de riesgo que originó el otorgamiento de las medidas cautelares, y h) El 8 de febrero de 2003, la Comisión Interamericana solicitó al Estado que extreme las medidas necesarias para que la fuerza pública proteja la vida y la integridad de las comunidades “Nueva Vida” y “Esperanza de Dios” y que la Subcomisión de Protección de la Comisión Mixta de verificación del Cacarica considere establecer la presencia permanente de representantes del Estado en asentamientos como garantía de su seguridad 4. Los supuestos hechos en que se fundamenta la solicitud de medidas provisionales presentada por los representantes, a saber: a) el 10 de agosto de 2012 un joven afrodescendiente fue amenazado de muerte por paramilitares que se encontraban en un retén en Tumaradó, caserío sobre el Río Atrato. Los paramilitares habrían detenido la embarcación tipo “chalupa” en la que se movilizaban más de 20 personas de Turbo a Cacarica. Luego de observar a sus ocupantes, habrían acusado al joven de ser guerrillero y habrían ordenado bajarse de la embarcación. Los otros integrantes de la embarcación habrían persuadido a los paramilitares de no matar al joven y dejarlos ir; b) en esa misma fecha, en una de las Zonas de Biodiversidad de la familia OREJUELA, ubicada a 15 minutos de la Zona Humanitaria Nueva Esperanza en Dios, unidades militares de la Brigada XVII del Ejército habrían dañado siembras de pan coger y hurtaron más de 15 matas de yuca; c) a las 9:00 a.m. del 18 de Agosto de 2012, entre la zona humanitaria Nueva Esperanza y el caserío de Bogotá, se habrían escuchado fuertes explosiones seguidas de sobrevuelos de dos helicópteros, hechos que habrían generado pánico y zozobra entre las comunidades; d) el 19 de agosto de 2012 dos de las mujeres demandantes ante la Corte habrían sido intimidadas durante el desarrollo de reuniones sobre procesos de restitución de tierras y víctimas, y sobre afrocolombianos7 por un hombre que habría expresado “Justicia y Paz hizo reunión en el coliseo, pero eso se les va a acabar”; 7 En particular, señalaron que uno de los asistentes a la reunión en tono intimidatorio se acercó a dos de las mujeres demandantes en la Corte Interamericana y les expresó que no iban a permitir realizar más reuniones en el Coliseo, indicando “eso se va acabar”.