-7d)
La falta de condiciones de seguridad para las personas que han denunciado, en tribunales
internos e internacionales, las operaciones armadas, las actuaciones de las empresas MADERAS DEL
DIARIÉN PIZANO S.A y CI MULTIFRUITS LTDA;
e)
Los actos del general Rito Alejo Del Rio y Fernando Londoño Hoyos, que tienen por objeto
demorar o imposibilitar los procedimientos judiciales;
f)
La continuidad de las operaciones armadas, enfrentamientos de las fuerzas militares y las
FARC, que a la fecha se han vuelto más frecuentes;
g)
El conocimiento del Estado respecto de los hechos, ya que si bien ha realizado algunas
acciones tendientes a evitar daños irreparables, no han sido suficientes pues no entrañan un
verdadero cambio estructural y eficaz que permita dar una respuesta efectiva a los riesgos, y
h)
La existencia de un contexto generalizado de violaciones al derecho a la justicia y derecho a
la verdad, que ha impedido que el Estado haga un reconocimiento de las graves violaciones de
derechos humanos y usurpaciones de las tierras de las comunidades, fomentando de esa forma que
casos similares sigan ocurriendo.
6.
El escrito de 26 de febrero de 2013, mediante el cual la Comisión Interamericana se
refirió, motu proprio, a la referida solicitud de medidas provisionales presentada por los
representantes y la consideró “procedente en virtud de la destacada visibilidad que han tenido
las y los líderes propuestos como beneficiarios en el transcurso de la sustanciación del caso
Marino López y otros – Operación Génesis y del progresivo incremento en la intensidad y
periodicidad con la que se han presentado una serie de ataques y hostigamientos en contra de
los miembros de las poblaciones desplazadas de las comunidades de Autodeterminación Vida y
Dignidad (CAVIDA) en los meses previos y en los días posteriores a la audiencia”. La Comisión
consideró que, debido a la calidad de presuntas víctimas de esas personas y la especial
visibilidad y liderazgo activo de tales personas en el contexto del caso en conocimiento de la
Corte, existen suficientes elementos para entender que existe una relación entre el
recrudecimiento de la situación de riesgo y el avance del caso ante el Tribunal. La Comisión
menciona una “situación de vulnerabilidad agravada” en que se encontrarían los propuestos
beneficiarios ante la falta de respuesta efectiva por parte del Estado, la gravedad de los hechos
descritos y la “situación de estigmatización adicional” a que se habrían visto expuestos en el
marco del proceso ante la Corte. Por ello, la Comisión “consider[ó] importante y necesaria la
intervención del Tribunal a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los
propuestos beneficiarios”. En particular, al hacer un recuento del procedimiento de medidas
cautelares, la Comisión reiteró algunos de los hechos mencionados por los representantes y
destacó lo siguiente:
a)
En julio de 2003 la Comisión realizó una visita a las comunidades beneficiarias,
corroborando in situ la situación de vulnerabilidad y riesgos, por falta de condiciones de seguridad,
que había conllevado la adopción de medidas cautelares. Señaló que actualmente estas medidas
cautelares se mantienen en vigencia y cobijan a las comunidades afrodescendientes asociadas en
CAVIDA y reasentadas en las dos zonas humanitarias en la cuenca del río Cacarica;
b)
el impacto desproporcionado del conflicto en la situación de los beneficiarios y la situación
de precariedad en que se encuentran;
c)
habrían ocurrido incursiones paramilitares en las zonas humanitarias “Esperanza en Dios” y
“Nueva Vida”, así como ataques, presuntos homicidios y desapariciones forzadas, amenazas y
hostigamientos por parte de grupos paramilitares, e incluso por parte de miembros de la fuerza
pública, varios de los cuales han ocurrido al interior de las zonas humanitarias y en los traslados de
las comunidades por el río Atrato;
d)
desde septiembre de 2012 algunos líderes y lideresas habrían sido objeto de amenazas de
muerte; existirían retenes paramilitares que han detenido embarcaciones donde se transportaban
miembros de la comunidad; uno de los líderes habrían sido secuestrado y le habrían sustraído
documentos relacionados con la defensa de sus territorios ancestrales y el caso; paramilitares
habrían indagado en la comunidad acerca de la identidad de sus líderes y, asimismo, se habrían
realizado sobrevuelos en las zonas humanitarias y nuevas incursiones de miembros de la fuerza
pública a los territorios de las comunidades hostigando a sus miembros y afectando sus cultivos;