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políticos”85. En 1998 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos afirmó que “[l]a actividad política colombiana se caracteriza por el alto grado
de intolerancia frente a los partidos y movimientos de oposición[; que e]l ejemplo más
dramático es el caso de la Unión Patriótica, cuyos militantes han sido víctimas de
ejecuciones sistemáticas[, con m]ás de 1.500 miembros […] asesinados desde la
fundación del mismo en 1985, incluyendo autoridades electas y la casi totalidad de sus
representantes al Congreso. Otros han tenido que exiliarse y abandonar sus cargos
políticos”86. La Comisión Interamericana afirmó en 1999 que “[c]asi todos los
miembros de este partido que fueron elegidos para ocupar escaños parlamentarios y
otros cargos importantes, han sido asesinados”87. De un documento elaborado en 2008
para el Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República surge que, en el período de 1984 a 1993, 540 homicidios corresponden a
miembros de la UP. Así, “se muestra la magnitud de la victimización en contra de la
Unión Patriótica (UP) con respecto al total de víctimas fatales y no fatales de violencia
política entre 1984 y 1994”, pues en promedio, las víctimas de la UP representan el
40% del total; aunque para los años 1986 y 1987 llegaron a representar casi el 60%
del total de víctimas88.
78.
Los perpetradores de los crímenes provienen de distintos grupos, entre los más
importantes los paramilitares, aunque también agentes estatales habrían participado
de manera directa e indirecta en aquéllos89. Los datos aportados por el Estado
informan que agentes estatales (principalmente miembros del Ejército y la policía)
ocupaban el segundo lugar entre los responsables de la violencia contra la UP90. El
Defensor del Pueblo observó que grupos paramilitares o de autodefensa habían
convertido a la UP, al no poder confrontar directamente a la guerrilla, “en la parte
visible y objetivo militar de su estrategia” y, por otro lado, que en “casos aislados se
ha visto complicidad de miembros de la Fuerza Pública con los grupos paramilitares o
sicarios, como un fenómeno demostrativo de la intolerancia o la identificación
generalmente equivocada de la labor política que desarrollan”91.
85
Naciones Unidas, Informe conjunto de la visita a Colombia del Relator Especial encargado de la cuestión
de la tortura, Sr. Nigel S. Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, E/CN.4/1995/111, 16 de enero de 1995 (expediente de prueba,
tomo VII, anexo 86 al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 3342).
86
Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la Oficina en Colombia, E/CN.4/1998/16, de 9 de marzo de 1998 (expediente de prueba, tomo VII, anexo 84
al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, folio 3331).
87
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tercer informe sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia, de 26 de febrero de 1999 (expediente de prueba, tomo VI, anexo 68 al escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas, folio 2905).
88
Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Base de datos sobre conflicto y
violencia política”, Datos DANE procesados por CERAC, Bogotá, 31 de enero de 2008 (expediente de prueba, tomo
XV, anexo 12 al escrito de contestación a la demanda, folio 6554). En el mismo sentido, el perito Eduardo Cifuentes
sostuvo que “de conformidad con las cifras registradas, la magnitud de victimización de la UP en relación con la
totalidad de casos reportados de violencia política en el país en el período entre 1984 y 1994, (que incluye a todos
los partidos y movimientos políticos reconocidos legalmente, y a los sectores sociales azotados por la violencia) es
del 40%, sin embargo, en 1986 y 1987 llegó a ser del 60%”. Dictamen rendido ante fedatario público (affidávit) por
el perito Eduardo Cifuentes Muñoz el 7 de enero de 2010 (expediente de prueba, tomo XX, folio 8351).
89
Cfr. informe del Defensor del Pueblo titulado “Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión
Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad”, supra nota 76, folio 1218.
90
Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Base de datos sobre conflicto y
violencia política”,, supra nota 88, folio 6554.
91
Cfr. informe del Defensor del Pueblo titulado “Estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión
Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad”, supra nota 76, folio 1290. Asimismo, el Defensor del Pueblo señaló que de