107 Consideraciones de la Corte 317. La Corte concluyó en la Sentencia que en este caso la investigación forense en la búsqueda, recuperación, análisis y eventual identificación de restos humanos se ha caracterizado por una clara falta de seriedad y debida diligencia, especialmente grave, que se ha prolongado en el tiempo hasta el día de hoy (supra párr. 183). Al respecto, el Tribunal observa que los hechos de este caso se enmarcaron en el contexto del conflicto armado en el Perú, que hay una falta de acuerdo respecto del número de desapariciones forzadas acontecidas durante el mismo, y que el porcentaje de víctimas hasta ahora identificadas es muy bajo en comparación con las cifras totales que aportan entidades 367 como la CVR . En este punto, la Corte recuerda que la investigación y judicialización penal no es incompatible con la adopción de diferentes mecanismos adecuados y efectivos para localizar el paradero de las personas desaparecidas o localizar sus restos de modo que se determine con certeza su identidad, por lo que ambas medidas pueden 368 complementarse mutuamente . 318. La Corte valora los esfuerzos realizados por el Estado, en particular, a través de las labores que desempeña el Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (supra párr. 314). Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que el Perú ha identificado la necesidad de regular de manera integral la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas durante el período de violencia de 1980 al 2000 y que se encuentra en elaboración un anteproyecto de ley con dicho objetivo, la Corte considera pertinente instar al Estado que adopte una estrategia nacional de búsqueda y determinación del paradero de personas desaparecidas en el conflicto armado en el Perú, paralela y complementaria a los procesos judiciales, mediante la cual se asegure el levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro y se proceda a su identificación, registro y protección para su preservación, así como se inicien y/o continúen de manera sistemática y rigurosa, las acciones que resulten necesarias para la exhumación de restos en dichos sitios, y se asegure el uso de los diferentes medios de identificación forense. Lo anterior no será materia de supervisión por parte del Tribunal. C.5. Otras medidas solicitadas 319. La Comisión solicitó la adopción de las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. En particular, solicitó la implementación de programas permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas. Los representantes no se refirieron a este punto. El Estado explicó que desde hace varios años viene implementando sostenidamente múltiples programas de instrucción y educación en el Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los diversos funcionarios estatales, en especial en las Fuerzas Armadas, así como sobre los deberes del Estado respecto a la Convención Americana y demás instrumentos internacionales, tanto regionales como universales. Sostuvo que los programas tienen la finalidad de capacitar a los agentes estatales a fin de evitar que en el futuro se cometan hechos similares a los ocurridos en el presente caso, lo cual coincide plenamente con el 367 Cfr. Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por agentes del Estado, págs. 73-81, disponible en http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php, y Declaración del perito José Pablo Baraybar do Carmo en la audiencia pública celebrada el 26 de enero de 2015. Al respecto, también ver Caso Anzualdo Vs. Perú, supra, párr. 188. 368 Al respecto, ver Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2011, Considerando decimoquinto.