75. En la audiencia de 19 de mayo de 2017, el Estado sostuvo que se han instalado aparatos de scanner corporales en casi todas las unidades carcelarias de Rio de Janeiro para eliminar revisiones denigrantes. Se cuentan con pocos registros de ingreso de armas de fuego, aunque si hay presencia de drogas y también se han encontrado algunos celulares. Afirmó que no hay registros recientes de conflictos de facciones criminales, ni motines que hagan que sea necesaria la actuación del grupo de intervención táctica. El abuso por parte de los agentes públicos es objeto de investigación por parte del Sistema Interno de Supervisión, al mismo tiempo que se hacen los cargos ante el Ministerio Público. 76. El Estado admitió que las mejoras en las condiciones de vida carcelaria de los presos son poco perceptibles o hasta imperceptibles. El Estado afirmó que no pretende de ninguna manera esconder la dura realidad del Sistema Penal y que cada día le exige una mejor actuación a una pluralidad de actores así como la participación de la comunidad. Para poder cambiar esta situación, aseguró que hace “falta cooperación, transparencia y desarrollo de capacidades institucionales”. 77. Los Representantes por su parte, verificaron que hay 174 internos autorizados para trabajar dentro del IPPSC. Estas personas realizan tareas de limpieza, mantenimiento, distribución de comidas, tratamiento de la basura, entre otros. Sin embargo, los representantes señalaron que esos internos no cuentan con equipos básicos de seguridad – como botas o guantes– para la realización de esos trabajos. Citaron como ejemplo el caso de C.E.D.S., a quien le fue amputada su pierna como consecuencia de una infección adquirida por manipular basura sin calzado adecuado. 78. En cuanto a la seguridad y disciplina, se informó que la unidad funciona con tan solo ocho Inspectores de Seguridad y Administración Penitenciaria por turno, organizados de la siguiente manera: 2 en la entrada, 2 en la inspectoría y 4 agentes para cubrir los puestos de seguridad de la unidad. Sin embargo, los representantes señalaron que en ocasiones, por diversos motivos, únicamente un agente queda como responsable del pabellón “B”, y otro para todo el resto del centro penal. 79. Por otro lado, se reportó la inexistencia de un plan de evacuación en caso de incendios, además de la falta de extintores disponibles. En audiencia pública de 19 de mayo de 2017, los representantes argumentaron que no es cierto el hecho de que los internos del IPPSC salen a trabajar durante el día y regresan en la noche. 80. El MEPCT-RJ informó que, a pesar de que la ley de Ejecución Penal (Ley No. 7.210/84) establece que personas privadas de libertad en régimen semiabierto –como las que se encuentran en el IPPSC– tienen derecho a trabajar, realizar cursos de profesionalización, o acceder a educación formal, esto no ocurre en el IPPSC. Por el contrario, el informe señala que “la situación de ocio [de los internos] es constante en la unidad.” Agregó que la escuela es incapaz de suplir la demanda de los internos y las actividades laborales son desempeñadas sólo por personas privadas de libertad “neutras”. 81. El MEPCT-RJ también recibió denuncias sobre episodios de amenazas y agresiones por parte del personal de seguridad del centro, así como de internos identificados con organizaciones del narcotráfico. Los internos reportaron que agentes del Instituto hacen uso de armas de fuego como forma de intimidación. 82. i. Por su parte, la Corte verificó en su diligencia in situ lo siguiente: El Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho cuenta con nueve inspectores trabajando en cada turno, dos jefes de seguridad, dos jefes de custodia, y cinco funcionarios 17