que los mismos expresaron sus dudas en cuanto a la condición de civil o guerrillero de las personas que se desplazaban por la carretera 341. 234. En lo que se refiere al principio de distinción, la Corte recuerda que además de las normas de derecho internacional humanitario ya señaladas (supra párr. 212), también son conductas prohibidas por ese régimen normativo las que constituyen ataques indiscriminados “en los que se emplean métodos o medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar, como exige el derecho internacional humanitario […] y que en consecuencia, pueden alcanzar indistintamente, […] tanto a objetivos militares como a personas civiles” 342. Del mismo modo, la jurisprudencia del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia (en adelante también “TPIY”) ha señalado que “los ataques indiscriminados, es decir, los ataques que golpean a civiles o bienes civiles, y objetivos militares sin distinción, pueden calificar como ataques directos contra civiles” y que los mismos “están expresamente prohibidos por el Protocolo Adicional I [ 343] [siendo que esta] prohibición refleja una regla bien establecida del derecho consuetudinario aplicable a todos los conflictos armados” 344. 235. En el presente caso, la Corte constata que, según aparece en las grabaciones, los pilotos de las aeronaves manifestaron dudas en relación con el carácter civil o no de las personas que estaban observando desplazarse en las carreteras hacia Tame, a pesar de lo cual hicieron uso de sus armas (en este caso ametralladoras), en manifiesta despreocupación por la vida e integridad de esas personas, en incumplimiento del principio de distinción (supra párr. 212). Por otro lado, aun en la hipótesis de que pudiesen encontrarse guerrilleros entre la población civil, la ventaja militar que se buscaba obtener al atacar a un eventual combatiente adverso mezclado con población civil, no habría sido de tal índole que pudieran justificarse eventuales muertos o heridos civiles, por lo que, en esa hipótesis, esas acciones también habrían afectado el principio de proporcionalidad. 236. Por último, la Corte constata que los mismos reglamentos y manuales de la Fuerza Aérea Colombiana vigentes al 13 de diciembre de 1998 (supra párr. 220) establecían claramente que los ametrallamientos únicamente pueden tener lugar “en respuesta a ataques o tomas subversivas, cuando se tiene la certeza de no afectar a la población civil [y] por ningún motivo podrá efectuarse en áreas pobladas o perimétricas” 345, por lo que los ametrallamientos también incumplieron con el principio de precaución. 237. La Corte constata que esos actos de miembros de la Fuerza Aérea implican un incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal, en los términos de la Convención Americana, de pobladores de Santo Domingo que se vieron afectados por la puesta en riesgo de sus derechos por el solo hecho de haber sido objeto de esos ataques indiscriminados, independientemente de que nadie resultara muerto o herido. Sin embargo, los representantes y la Comisión no individualizaron a quienes serían las víctimas de estos graves hechos, por lo cual no corresponde que el Tribunal formule un pronunciamiento separado al respecto. 341 Véase por ejemplo cuando uno de los pilotos del Skymaster le dice al otro: “[e]sto es un trabajo para las tropas, porque aquí nosotros no podemos separar los civiles de la guerrilla, porque no están uniformados”. Video Skymaster de 13 de diciembre de 1998, hora 10:53:42 am (expediente de prueba, tomo 19, folio 9621). 342 Henkaerts, Jean – Marie, Doswald – Beck Louise, El Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, volumen I, normas, CICR, Buenos Aires, 2007, p. 46, Norma 12. 343 El artículo 50 Protocolo I de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 (“Definición de personas civiles y de población civil”) establece que: “1. Es persona civil cualquiera que no pertenezca a una de las categorías de personas a que se refieren el artículo 4, A. 1), 2), 3) y 6) del III Convenio, y el artículo 43 del presente Protocolo. En caso de duda acerca de la condición de una persona, se la considerará como civil […]”. 344 TPIY, Radicado: IT-96-29/1-T. Asunto “Fiscal vs. Stanislav Galic”. Sentencia del 5 de diciembre de 2003. Sala de Primera Instancia del TPIY, párr. 57. 345 Directiva 057 del 23 de julio 1997, citada por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá D.C. con funciones de Ley 600 de 2000, Sentencia de Primera Instancia, Radicado 2005-102, 24 de septiembre de 2009 (expediente de prueba, tomo 12, folio 6386). - 72 -