31 así como el Informe Anual de PROVEA de 22 de noviembre de 2002, documentos en los que se da cuenta en general, por un lado, de la situación de los refugiados y el asesinato de al menos tres refugiados protegidos por las medidas cautelares y, por otro, de la aparición del sicariato con el consecuente aumento de asesinatos de “dirigentes campesinos” para el período que comprende el informe (octubre de 2001- septiembre de 2002) en los que se mencionan los ataques y asesinatos ocurridos en su contra. Aludieron además al informe de la Defensoría del Pueblo de Venezuela de 2003, que enfatiza también la situación de los dirigentes campesinos62 . 119. Por otra parte, la Comisión hizo referencia a su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela de 24 de octubre 2003, en el cual indicó que se tuvo noticia que defensores de derechos humanos habían recibido distintos tipos de ataques y actos de intimidación en su contra63. Asimismo, se remitió al Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela de 30 de diciembre de 2009, en el cual señaló que “organizaciones venezolanas de derechos humanos han advertido con preocupación que por primera vez en la historia democrática de Venezuela se han registrado asesinatos y ejecuciones de defensores de derechos humanos”, e hizo referencia a un informe de la Vicaría de Caracas, en cual se indica que se “ha[n] llegado a documentar seis casos de violaciones del derecho a la vida de defensores de derechos humanos en Venezuela entre 1997 y 2007”. En dicho documento, entre otros 64, se menciona el atentado contra de Joe Luis Castillo. 120. También los representantes hicieron referencia al Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela de la Vicaría de Caracas de 2007, el cual contiene un balance de la situación de los defensores de derechos humanos en 62 Defensoría del Pueblo de Venezuela. Anuario 2003: Derechos Humanos en Venezuela. Caracas, 2004. Dicho informe expresa la consideración de la Defensoría del Pueblo de Venezuela sobre la existencia de un “patrón [de] ataques dirigidos contra dirigentes agrarios, activistas políticos y defensores de derechos humanos”, pero aclarando que “[a] pesar de que durante 2003 fueron de especial relevancia los asesinatos de dos activistas de derechos humanos, el sector más vulnerado por esta práctica siguió siendo el de los campesinos” (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Tomo II, Anexo 85, folio 2197). 63 CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Capítulo II. B. Situación de defensores de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev. 1. 24 de octubre 2003 (Expediente de anexos al Informe de Fondo, Anexo 10, folios 133 a 142). En cuanto a las características de estos ataques en contra de derechos humanos, indicó que estos se habían desarrollado desde diferentes perspectivas. Según este Informe “algunos defensores ha[bían] sido víctimas de campañas de desprestigio por parte de personas que ostentan cargos públicos”. Indicó que los actos de hostigamiento en contra de defensores “a veces llegan hasta ataques contra la integridad física de los defensores”, y que también se habían presentado una serie de “mecanismos difusos de intimidación” como “la realización de amenazas y visitas por parte personas no identificadas a las inmediaciones de las instalaciones donde los defensores desempeñan su labor”. En un caso en contra de una ONG, señaló que este tipo amenazas habían ocurrido “[c]uriosamente […] luego [de su] trabajo […] con refugiados”. En concreto, señaló que se habían reportado los siguientes casos: el homicidio de Jorge Nieves, activista de derechos humanos, ocurrido el 26 de abril de 2003 en el Guaseadito, Apure; la agresión sufrida por Estrella Castellanos, dirigente de la Asociación Civil Mujeres por la Libertad, quien fue secuestrada el 30 de septiembre del mismo año y posteriormente abandonada; la muerte del dirigente Luis Alberto Alcalá, coordinador de medios y propaganda de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, el 25 de septiembre de 2002, y los casos del líder campesino, Armando Douglas García y su vecino, Carlos Parra. En dicho Informe, también mencionó la muerte de Joe Castillo. 64 La Comisión indicó que “[l]os otros cinco asesinatos de defensores a los que se refiere el informe de la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas están relacionados con la actividad de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, y entre ellos se encuentra José Ramón Rodríguez, presuntamente ajusticiado por funcionarios de la policía regional de Portuguesa el 28 de octubre de 2000 y Enmari Dahiana Cava Orozco, presuntamente asesinada por funcionarios de la policía municipal de Cagua el 10 de marzo de 2003”. Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, de 30 de diciembre de 2009, párrs. 623 y 626 (Expediente de anexos al Informe de Fondo, Anexo 14, folios 239 a 250).