60. Uno de los principales cambios que introducidos por la EC 35/2001 fue que la necesidad de autorización previa de la Cámara Legislativa respectiva para el enjuiciamiento penal de un miembro del Congreso Nacional fue reemplazada por la posibilidad de la Cámara de suspender el proceso penal ya en curso. Es decir, antes de la EC 35/2001, un proceso penal contra un miembro de un órgano legislativo solo podía iniciarse con la previa y expresa autorización de dicho órgano, mientras que con posterioridad a la entrada en vigor de la Enmienda el proceso penal puede iniciarse y tramitarse hasta que, si lo considera pertinente, la Cámara Legislativa lo suspenda. 61. La Constitución de Brasil, en su artículo 27, parágrafo 1º, asegura a los diputados estatales las mismas prerrogativas previstas para los diputados federales 77. 62. Asimismo, la Constitución del Estado de Paraíba para la fecha de los hechos del presente caso contaba con una disposición semejante a la Constitución de Brasil, la cual también ha sido modificada en los mismos términos de la EC 35/200178. 63. A su vez, el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba 79, vigente en la época de los hechos, establecía el procedimiento que se debía seguir en casos de solicitud de autorización de enjuiciamiento de un diputado. El artículo 21 del Reglamento determinaba la competencia de la Comisión de Constitución, Justicia y Redacción de la Asamblea Legislativa (en adelante “Comisión de Constitución” o “CCJR”) para emitir una opinión escrita respecto de la referida solicitud de licencia 80. El procedimiento se iniciaba a petición del Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Paraíba. Además, a partir de ese momento, el Presidente de la Asamblea debía remitir el expediente a la CCJR, entregando una copia de la solicitud de autorización al diputado para que pueda presentar su defensa en un plazo de 10 días. Una vez presentada la defensa, la Comisión de Constitución debía proceder a las diligencias que considerase oportunas y, al término de las mismas, emitir una opinión escrita en el plazo de 10 días, concluyendo si la autorización debía ser concedida o denegada 81. Dicha opinión debía, entonces, ser sometida al Pleno de la Asamblea Legislativa para ser aprobada o rechazada por votación secreta según el voto de la mayoría de los diputados. 82 64. Vigente también para la fecha de los hechos de este caso, el Código de Ética y Decencia Parlamentaria, aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba, en 1997, a través de la Resolución 599/97, creó el Consejo de Ética y Decencia Parlamentaria y le atribuyó la competencia de “emitir opinión en los procesos de autorización para procesar a un diputado” 83. C. 65. El homicidio de Márcia Barbosa de Souza Márcia Barbosa de Souza era una estudiante afrodescendiente de veinte años de edad, Cfr. Constitución de la República Federativa de Brasil, supra, artículo 27, parágrafo 1º. Cfr. Constitución del Estado de Paraíba de 5 de octubre de 1989, artículo 55. Disponible en: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/70448. 79 Cfr. Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa del Estado de Paraíba, Resolución n. 469/91 (expediente de prueba, folios 5993 a 6090). 80 El Artículo 21 disponía que “Las Comisiones Permanentes y sus respectivos campos temáticos o áreas de actividad son las siguientes: I- Comisión de Constitución, Justicia y Redacción: […] p) la autorización para procesar a un diputado […]”. 81 Cfr. Reglamento Interno de la Asamblea de Legislativa del Estado de Paraíba, artículos 227 y 229 (expediente de prueba, folio 6071). 82 Cfr. Reglamento Interno de la Asamblea de Legislativa del Estado de Paraíba, supra. 83 Cfr. Código de Ética y Decoro Parlamentario, Resolución nº 599/97 de la Asamblea Legislativa del Estado da Paraíba (expediente de prueba, folio 6093). 77 78 -21-