INFORME Nº 128/01
CASO 12.367
MAURICIO HERRERA ULLOA Y FERNÁN VARGAS ROHRMOSER
DEL DIARIO “LA NACIÓN”
COSTA RICA
3 de diciembre de 2001
I.

RESUMEN

1. El 28 de febrero del 2001, los señores Fernando Lincoln Guier Esquivel, Carlos Ayala Corao,
Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser (en adelante “los peticionarios”)
denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión”, la “Comisión Interamericana” o “CIDH”), que la República de Costa Rica (en
adelante “el Estado”, “Costa Rica”, “el Estado costarricense” o “el Estado de Costa Rica”) violó
la libertad de expresión y los derechos protegidos por los artículos 1, 2, 8, 13, 24, 25 y 29 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del periodista Mauricio Herrera
Ulloa y de Fernán Vargas Rohrmoser en su calidad de representante legal del Diario “La
Nación” (en adelante”las supuestas víctimas”).
2. El señor Mauricio Herrera Ulloa y el Diario “La Nación”, representado por Fernán Vargas
Rohrmoser, fueron sujetos de una condena judicial por ciertas publicaciones realizadas sobre el
diplomático Féliz Przedborski, a quien se le imputaban varios actos ilícitos en el extranjero.
Ante la Orden de Ejecución de dicha sentencia condenatoria, emitida por un Juzgado
costarricense, los peticionarios pidieron a la Comisión que solicitara medidas cautelares al
Estado. Dichas medidas fueron solicitadas por la Comisión; no obstante, el Estado de Costa
Rica se rehusó a cumplirlas, por lo que la CIDH solicitó medidas provisionales ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “la Corte Interamericana”), las
cuales fueron concedidas el 7 de septiembre del 2001.
3. El Estado presentó, inter alia, argumentos sobre la aplicación de legítimas restricciones a la
libertad de expresión, y sobre la falta de legitimación procesal de las partes, pidiendo a la
Comisión que se declarase incompetente para conocer del presente caso.
4. Tras el análisis de los argumentos presentados por ambas partes, la Comisión decide admitir
el caso y proseguir con el análisis de fondo.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. La petición y solicitud de medidas cautelares fueron recibidas en la Comisión el 1º de marzo
del 2001. La Comisión abrió el caso con el número 12.367, transmitió las partes pertinentes de
la petición al Estado, y pidió a éste acordar las siguientes medidas cautelares: suspender la
ejecución de la sentencia hasta que la Comisión hubiere examinado el caso y adoptado una
decisión sobre el fondo del mismo, abstenerse de incluir al periodista Mauricio Herrera Ulloa en
el Registro Judicial de Delincuentes de Costa Rica y abstenerse de realizar cualquier acto que
afectare su derecho a la libertad de expresión.
6. La solicitud de medidas cautelares fue transmitida al Estado, al cual se le otorgó un plazo de
15 días para informar a la Comisión sobre las acciones concretas adoptadas para cumplir con
dicha solicitud. El 19 de marzo del 2001, la Comisión recibió respuesta del Estado, en la cual
éste solicitó una prórroga del plazo concedido por la CIDH para presentar información. La
Comisión accedió a prorrogar dicho plazo hasta el 3 de abril del 2001. El 23 de marzo, los
peticionarios enviaron información adicional.
7. El 29 de marzo del 2001, la Comisión recibió una comunicación del Estado en la que informó
que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia había decidido no adoptar las medidas
cautelares solicitadas por la Comisión, por carecer ésta de competencia para ordenarlas.
8. Con fecha 21 de marzo del 2001, los peticionarios solicitaron a la Comisión que se pusiera a
disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa. La Comisión convocó a las
partes a una reunión el día 30 de marzo para determinar si ambas estarían dispuestas a
buscar una solución amistosa del asunto. Dicha reunión fue postergada por solicitud del
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