2. La Corte tiene amplias facultades en cuanto a la admisión y a la modalidad de recepción de la prueba, de conformidad con los artículos 50, 57 y 58 del Reglamento. 3. En su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas los intervinientes comunes SIPDH ofrecieron, entre otros, la declaración testimonial del señor Francisco Castillo González, para que declare sobre “los efectos del peculado en el caso del Banco Anglo debido a la cercanía que tuvo en la defensa de ese caso. Explicará las vicisitudes objetivas de la aplicación de esa figura en la práctica forense”. En su lista definitiva de declarantes confirmaron dicho ofrecimiento. En la Resolución de 12 de julio de 2017 (supra Visto 1), el Presidente no estimó pertinente recibir la declaración de Francisco Castillo González, debido a que “[d]el análisis del objeto de dicho testimonio se desprende que el testigo se referiría al contenido del delito de peculado y su aplicación en la práctica forense costarricense, lo cual no se vincularía, prima facie, al objeto de la presente litis”. 4. Mediante escrito de 18 de julio de 2017 los intervinientes comunes SIPDH solicitaron, de conformidad con el artículo 31.2 del Reglamento de la Corte 1, una “aclaración, o en su defecto […] recurrir parcialmente” ante el Pleno la Resolución del Presidente “en lo atinente a los motivos de la denegatoria del testigo” Francisco Castillo González. Señalaron que la petición ante la Comisión no solo se presentó por las alegadas violaciones al artículo 8.2.h de la Convención Americana, sino además por un alegado problema de tipicidad y legalidad del delito de peculado en Costa Rica. Reconocieron que “es cierto que la Comisión Interamericana no consideró en su informe del artículo 50 estos hechos y derechos como parte del envío del caso a la Corte”, sin embargo, consideraron que dichos hechos alegados en el proceso ante la Comisión no deben quedar por fuera de la litis ante la Corte. Así, solicitaron que los motivos de la denegación del testigo no limiten “a esta representación probar y argumentar sobre eventuales violaciones a hechos y derechos humanos denunciados ampliamente en el proceso ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana, más allá del cuadro fáctico invocado por la Comisión Interamericana en su Informe del Artículo 50”. 5. Mediante escrito de 28 de julio de 2017, la Comisión señaló que no tenía observaciones al respecto. En esa misma fecha, el Estado reiteró que los planteamientos “asociados al tipo penal del peculado no son parte del objeto de la litis en el proceso ante la Corte, al no haber sido incluido[s] por la [Comisión] en el elenco de hechos”, tanto en su Informe de Admisibilidad como en su Informe de Fondo. En consecuencia, el Estado solicitó rechazar la reconsideración interpuesta por SIPDH y mantener en todos sus extremos la Resolución del 12 de julio de 2017. 6. De conformidad con el artículo 40.2.a del Reglamento, el escrito de solicitudes, argumentos y prueba de los representantes deberá contener la “descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la presentación del caso por la Comisión”. 7. Asimismo, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el marco fáctico del proceso ante la Corte se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de Fondo sometidos a su consideración. En consecuencia, no es admisible que las partes aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho informe, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideración de la Corte. La excepción 1 En lo pertinente, el Artículo 31 del Reglamento dispone: “Resoluciones. resoluciones que pongan término al proceso son de la competencia exclusiva de resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida; si no lo estuviere, disposición en contrario. Toda decisión de la Presidencia, que no sea de mero trámite, es 2 1. Las sentencias y las la Corte. 2. Las demás por la Presidencia, salvo recurrible ante la Corte”.

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