exhumación. 329. El Estado expresó su disposición de aceptar y realizar, en el plazo razonable que por su naturaleza requiera, la continuidad de la exhumación de las víctimas que aún se encuentren pendientes. 330. La Corte reconoce las acciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense para recuperar los restos de las personas ejecutadas, así como la entrega de restos que fue realizada a raíz de las mismas por parte de las autoridades judiciales (supra párrs. 230 a 241). No obstante, la Corte observa que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera determinó dar por finalizada la práctica de las diligencias de exhumación una vez que se aprobó y aplicó al presente caso la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (supra párrs. 229 y 276). Las exhumaciones realizadas con posterioridad sólo se realizaron a iniciativa de Tutela Legal del Arzobispado (supra párr. 234). Asimismo, no se han realizado otras diligencias con posterioridad al año 2004 a fin de buscar y localizar a otras personas que fallecieron en las masacres. 331. Este Tribunal ha establecido que el derecho de los familiares de las víctimas de conocer donde se encuentran los restos de sus seres queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida de reparación y, por lo tanto, hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas justas expectativas. Asimismo, para sus familiares es de suma importancia recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en las masacres, ya que les permite sepultarlos de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han estado viviendo a lo largo de estos años501. En palabras de la perito Yáñez De La Cruz, “[c]ontribuye a la elaboración del duelo ciertos ritos que desde la cultura y la sociedad aportan prácticas como el velatorio, el entierro, el consuelo, todas las confirmatorias de no retorno del ser querido”, ritos que en las masacres de El Mozote y lugares aledaños no hubo oportunidad de practicar502. De igual modo, cabe resaltar que los restos pueden brindar información útil para el esclarecimiento de los hechos ya que ofrecen detalles del trato que recibió la víctima, la forma en que fue ejecutada, el modus operandi. Del mismo modo, el lugar mismo en el que los restos son encontrados puede proporcionar información valiosa sobre los perpetradores o la institución a la que pertenecían503. 332. La Corte considera que el Estado, dentro de un plazo seis meses, contado a partir de la notificación del presente Fallo, debe llevar a cabo un levantamiento de la información disponible sobre posibles sitios de inhumación o entierro a los cuales se deberá proteger para su preservación, a fin de que, en seguimiento de las labores ya emprendidas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se inicien de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y económicos adecuados, cualquier otra acción que resulte necesaria para la exhumación e identificación de otras personas ejecutadas504. Para ello, el Estado deberá emplear todos los medios técnicos y científicos necesarios, tomando en cuenta las normas nacionales o internacionales pertinentes en la materia 505 y procurará 501 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, párr. 245. 502 Cfr. Peritaje sobre impactos psicosociales y recomendaciones en materia de reparación en el caso de “Las Masacres de El Mozote y lugares aledaños” rendido por María Sol Yáñez De La Cruz, sin fecha (expediente de prueba, tomo XVIII, anexo 2 a los alegatos finales escritos de los representantes, folio 10550). 503 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala, párr. 245. 504 Cfr. Peritaje conjunto rendido ante fedatario público (affidávit) por Luis Fondebrider, Mercedes C. Doretti y Silvana Turner el 18 de abril de 2012 (expediente de prueba, tomo XVII, affidávits, folios 10313 y 10322). 505 Tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias. 128