Los hechos del caso se refieren al homicidio de Sétimo Garibaldi y el incumplimiento de la obligación de investigar y sancionar a los responsables. La muerte de la víctima se produjo el 27 de noviembre de 1998 durante una operación extrajudicial de desalojo de las familias de trabajadores sin tierra que ocupaban una hacienda localizada en el Municipio de Querencia del Norte, Estado de Paraná.

La Corte IDH desarrolló estándares acerca de la debida diligencia en la investigación de muertes violentas y la vulneración a la garantía del plazo razonable. Del mismo modo, la Corte IDH hizo referencia a la denominada “cláusula federal”, señalando que un Estado no puede alegar su estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional.