2 A.1 Objeciones del Estado a la declaración de la presunta víctima 6. Los representantes ofrecieron en su escrito de solicitudes y argumentos la declaración de la señora Olga Yolanda Maldonado Ordóñez. 7. Por su parte, el Estado objetó la declaración de la señora Maldonado Ordóñez alegando que “no cumple con lo regulado en el artículo 40 b y c del Reglamento”, ya que “no se indica específicamente sobre qué versará su declaración”. 8. El Presidente de la Corte analizó la objeción del Estado al ofrecimiento de dicho testimonio, y tomando en cuenta la utilidad de la declaración de presuntas víctimas y sus familiares u otras personas con un interés directo en el caso, considera útil que la señora Maldonado rinda su testimonio en el proceso 2. Asimismo, en los anexos del escrito de solicitudes y argumentos constan cuatro escritos de la presunta víctima que se refieren a la totalidad de los hechos del caso. En atención del principio de economía procesal esta Presidencia considera que se debe recibir el testimonio de la presunta víctima mediante affidavit. 9. En razón de las consideraciones anteriores, el Presidente admite la declaración de la presunta víctima del presente caso. El objeto de dicha declaración será determinado en la parte resolutiva de la presente Resolución. A.2. Objeciones y recusación del Estado a la declaración pericial ofrecida por los representantes 10. En el escrito de solicitudes y argumentos los representantes ofrecieron como prueba pericial el dictamen de la abogada Ingrid Surama Urízar López, sobre el “debido proceso laboral y la obligación del Estado a una tutela judicial efectiva en esta materia”. 11. El Estado, al objetar la prueba pericial ofrecida por los representantes, señaló que “la perito carece de experiencia en el tema objeto del presente litigio”, ya que su “experiencia radica principalmente en el tema agrario y ambiental, y no así en el tema laboral”. En el mismo sentido señaló que el peritaje de la señora Urízar López “no brindará insumos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con elementos para resolver si se produjo o no una violación”. 12. Por su parte, la perito Ingrid Surama Urízar López tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las objeciones y recusación del Estado; y afirmó que su experticia es en materia laboral y no agrícola como lo apunta el Estado. Al respecto señaló que “durante más de quince años, trabaj[ó] como abogada en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas”. En tal sentido refiere que “cono[ce] a profundidad el Derecho Laboral guatemalteco, sus instituciones y los problemas fundamentales que lo han convertido en eficaz”. Refiere que su peritaje “será de gran utilidad para resolver [el caso] de manera objetiva y de acuerdo a los principios generales del derecho laboral, en el marco de las normas que constituyen el bloque de Constitucionalidad en el país, que incluye la aplicación del Derecho interno y del Derecho Internacional Laboral.” 13. En cuanto a la objeción del Estado al peritaje de la señora Ingrid Surama Urízar López, esta Presidencia considera que en la contestación a la objeción del Estado se 2 Cfr. Caso de la “Masacre de Pueblo Bello” Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de 2005, Considerando séptimo; y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de junio de 2015, Considerando décimo tercero.

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