como ocurre con los actuales beneficiarios de las medidas provisionales ya adoptadas, las detenciones de los propuestos beneficiarios son la muestra más extrema del proceso de hostigamiento y persecución en su contra 33. Dicha situación de hostigamiento se enmarca en la criminalización y persecución penal de las actividades desplegadas por las personas que se oponen al actual gobierno de Nicaragua. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión, el hostigamiento y la persecución habrían continuado con el inicio de procesos penales en contra de más de 30 personas identificadas por determinado sector de la sociedad nicaragüense como “presas políticas”. Todas ellas acusadas por “cometer menoscabo a la integridad nacional”, “haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, entre otros. Asimismo, la Comisión indicó que el Ministerio Público señaló a estas personas como “criminales y delincuentes”, y responsables de “los actos terroristas de la agresión del fallido intento de golpe de Estado del año 2018”. Los procesos penales habrían estado suspendidos por más de tres meses y fueron reanudados a partir del 31 de enero de 2022. El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) recibió información sobre graves afectaciones al derecho penal y falta de garantías judiciales en el marco de dichos procesos penales. Particularmente, información que indicaba que dichas audiencias se están realizando en las instalaciones de “El Chipote”, de manera privada y sin permitir el acceso a medios de comunicación independientes, lo cual sería contrario a la propia legislación nacional. En algunos de los juicios, se habría negado el ingreso de familiares, mientras que las personas acusadas habrían sido llevadas a las audiencias sin previo aviso. Por su parte, representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias. Asimismo, sus familiares y representantes judiciales habrían sido objeto de cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y a las familiares. En muchos de estos procesos ya se ha dictado sentencia condenatoria de primera instancia, como ha sucedido en el caso de la mayoría de los propuestos beneficiarios de la solicitud de ampliación de las medidas provisionales34. Una vez establecido que continúa el contexto de hostigamiento y de persecución penal de las personas que se oponen a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, la Corte hará referencia a la situación particular de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales. Los señores Michael Edwing Healy Lacayo y Álvaro Javier Vargas Duarte están privados de libertad desde 21 de octubre de 2021. Según sus representantes habrían sido privados ilegal y arbitrariamente de su libertad e inicialmente estuvieron incomunicados, sin poder comunicarse con sus abogados ni con sus familiares. Posteriormente, se han permitido las visitas familiares, las cuales no habrían sido autorizadas de forma regular. Habrían sufrido condiciones de detención precarias, sin recibir alimentación suficiente ni cuidados médicos adecuados. Sus abogados habrían Cfr. Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de junio de 2021, Considerando 34. 33 Se informa que se han emitido sentencias condenatorias en las causas relacionadas con los señores Medardo Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila y Max Isaac Jerez Meza. Por el contrario, no hay información sobre sentencias condenatorias relacionadas con Michael Edwing Healy Lacayo, Álvaro Javier Vargas Duarte y Edgar Francisco Parrales Castillo. 34