- 77 expediente completo de la solicitud de extradición. Al respecto, señaló que el Estado no aportó el expediente completo del proceso de extradición ni de los diferentes recursos que se han intentado en la vía interna ni ha presentado documentación que indique que efectivamente puso a disposición del señor Wong Ho Wing, la información necesaria para ejercer su derecho a ser oído o interponer recursos de manera adecuada y oportuna en el marco de un trámite en el que pueden resultar afectados sus derechos. 225. El representante alegó que “la legislación procesal no garantiza el derecho a ser oído ante [las autoridades del Poder Ejecutivo que ejercen materialmente jurisdicción para decidir en materia de extradición] y tampoco ellas han permitido a la defensa del señor Wong Ho Wing exponer sus argumentos sobre la extradición, en detrimento del derecho de toda persona a ser oída para la determinación de los derechos”. De acuerdo con el representante, ello “ha establecido un contexto de secretismo y falta de transparencia en el acceso a documentación de vital importancia para la preparación de la defensa del señor Wong Ho Wing frente a la extradición, no garantizada por el Poder Judicial ni por el Poder Ejecutivo en el trámite”, en un caso donde la presunta víctima estaba en riesgo de ser condenada a pena de muerte o de sufrir torturas u otras formas de maltratos. 226. El Estado alegó que “no se ha vulnerado el derecho del señor Wong Ho Wing a ser oído y a contar con información y medios para su defensa”. Al respecto, destacó que durante la primera etapa del procedimiento de extradición ante el Poder Judicial, el demandante pudo ejercer plenamente su derecho de defensa, mientras que la segunda etapa corresponde a una decisión estrictamente política. Por lo tanto, consideró que “[l]a responsabilidad del Estado sólo podría darse si [la intervención de la persona requerida] no estuviera prevista en ninguna etapa”. En este sentido, también señaló que “la alegada omisión normativa [de establecer a nivel legal vías o medios de intervención del representante en el procedimiento de extradición a nivel del Poder Ejecutivo] no p[odía] ser invocada como sustento para la afectación de los derechos de la presunta víctima, dado que el procedimiento de extradición ante el Poder Ejecutivo fue en la práctica paralizado como consecuencia de las acciones legales iniciadas por su propia representación procesal”. Además, aclaró que “en caso [que] una decisión política de extradición […] sea considerada como lesiva de derechos fundamentales, la parte afectada puede cuestionarla a través de los mecanismos de tutela urgente de derechos fundamentales”. Por último, con respecto a la alegada falta de acceso a la documentación, el Estado destacó que la decisión denegatoria de un pedido de acceso de información realizado por el representante, “no fue impugnada en el marco de un procedimiento administrativo, a pesar de que tal posibilidad se encuentra contemplada en la ley sobre la materia”. B.3.b) Consideraciones de la Corte 227. El procedimiento de extradición en el Perú consta de una fase judicial y una fase política. De los alegatos de las partes se desprende que la controversia sobre el derecho a ser oído se refiere a la fase política, mientras que la controversia de derecho al acceso a documentos pareciera referirse a ambas etapas. 228. Respecto al derecho a ser oído, este Tribunal ha indicado que el mismo se encuentra protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones305. Al respecto, la Corte ha señalado que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana suponen que las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser 305 Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, supra, párr. 74, y Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, párr. 181.