Los hechos del caso se refieren a la detención ilegal y arbitraria, torturas y ejecución extrajudicial de Consuelo Benavides Cevallos -ocurrida en diciembre de 1985-, por parte de miembros de la Infantería Naval ecuatoriana en el marco de una investigación por presuntas actividades subversivas ligadas al grupo guerrillero “Alfaro Vive Carajo”. Los procesos penales abiertos como consecuencia de estos hechos se caracterizaron por demoras injustificadas, ineficiencia y denegación de justicia.

El Estado realizó ante la Corte IDH un reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos referidos.