Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria de María Teresa De La Cruz Flores, y su condena por el delito de terrorismo sin un debido proceso. La víctima fue detenida cuando finalizaba su labor como médica pediatra y fue procesada bajo cargos de terrorismo por un tribunal compuesto por jueces “sin rostro”, el que la condenó por el delito de terrorismo a la pena de 20 años de prisión. Todo lo anterior en un contexto de grave alteración al orden público en Perú.

La Corte analizó la compatibilidad de la condena con el principio de legalidad y no retroactividad de la ley penal y estableció estándares respecto del deber de los médicos de guardar confidencialidad sobre la información a la que se tenga acceso por el ejercicio profesional.