Los hechos del caso se refieren a la violación al derecho a la propiedad colectiva del pueblo indígena Xucuru y sus miembros debido al retardo en el proceso de demarcación de su territorio ancestral y la ineficacia de la protección judicial destinada a garantizar dicho derecho.

En su Sentencia, la CorteIDH reiteró estándares relacionadas con el derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales al tiempo de analizar si las acciones emprendidas por el Estado Brasil en el caso concreto fueron efectivas para garantizar el reconocimiento de esos derechos y el eventual impacto que pudo haber tenido la demora en la resolución de las acciones judiciales. La CorteIDH concluyó que el proceso administrativo aplicado fue parcialmente ineficaz para la protección de los derechos y que la demora judicial afectó la seguridad jurídica del derecho de propiedad del pueblo indígena Xucurú.