Finalmente, la CIDH estimó que el Estado violó los derechos políticos de la víctima, tomando en cuenta que fue
separado del cargo en un proceso en el que se cometieron violaciones al debido proceso y se vulneró el principio de
independencia judicial, lo cual afectó su derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un
cargo público.
El Estado del Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y aceptó la
competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
La Comisión ha designado al Comisionado Joel Hernández y al Secretario Ejecutivo Paulo Abrão, como sus
Delegados. Asimismo, Jorge Meza Flores y Christian González Chacón, abogados de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH,
actuarán como Asesores Legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del
Informe Nº 115/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del
expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del Informe Nº 115/18
(Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú mediante comunicación de 16 de noviembre de 2018,
otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. El 13 de febrero de 2019
la CIDH concedió una prórroga de tres meses al Estado para que contara con un plazo adicional para cumplir con las
recomendaciones del Informe de Fondo. Igualmente, concedió una segunda prórroga de tres meses al Estado el 16 de mayo
de 2019.
En su último informe y tercera solicitud de prórroga, el Estado expresó que aún no se encontraba en condiciones
de cumplir con las recomendaciones relacionadas con la reincorporación de la víctima a su cargo, así como reparaciones
integrales dado que su implementación dependía en gran parte de la conformación de la Junta Nacional de Justicia, que se
encuentra en proceso de selección, el cual finalizaría en principio en diciembre de 2019. El Estado no expresó clara voluntad
de cumplimiento de las recomendaciones, pues supeditó el cumplimiento de las mismas a lo que decida la Junta de
Nacional de Justicia, ni refirió concretamente en que momento, luego de su integración, dicha Junta estaría en capacidad de
rendir su opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Fondo.
En vista de lo anterior, la CIDH decidió no otorgar la tercera prórroga solicitada y someter el presente caso a la
jurisdicción de la Corte Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para la víctima. La Comisión
Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos
en el Informe de Fondo Nº 115/18.
En ese sentido, la CIDH solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de
Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, derechos políticos y protección judicial
establecidos en los artículos 8.1, 8.2 h), 9, 23.1 c) y 25.1 de la Convención Americana en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Héctor Fidel Cordero Bernal.
Asimismo, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1.
Reincorporar a Héctor Fidel Cordero Bernal, en caso de ser este su deseo, en un cargo similar al que
desempeñaba en el Poder Judicial, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable a los que le
correspondería el día de hoy si no hubiera sido destituido. Si por razones fundadas no es posible la reincorporación, pagar
una indemnización alternativa.
2.
Reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el informe de fondo incluyendo el
aspecto material e inmaterial.

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