Los hechos del caso se relacionan con la privación de la libertad y sometimiento a violencia psicológica, física y sexual de la Sra. Linda Loayza y la impunidad en que quedaron tales hechos.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó la responsabilidad del Estado –en casos de violencia contra las mujeres- por la violación a su obligación de prevenir violaciones de derechos y su relación con la tolerancia estatal frente a hechos cometidos por particulares. Adicionalmente aplicó la figura de tortura a los hechos de violencia ocurridos.

A su vez, la Corte desarrolló estándares sobre esclavitud sexual, y acceso a la justicia en condiciones de igualdad para mujeres víctimas de violencia.