Los hechos del caso se refieren a la detención arbitraria, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por miembros de la Policía Nacional y un particular (ex agente del Ejército Nacional) contra Wilson Gutiérrez Soler a los efectos de obtener la confesión de un ilícito del cual fue declarado inocente.

La Corte IDH reconoció el allanamiento efectuado por el Estado y sus efectos jurídicos en relación a la reparación de las víctimas del caso, y estableció que el Estado era responsable por el incumplimiento de la obligación de prevenir y sancionar la tortura contenida en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, toda vez que los hechos quedaron impunes a nivel interno.