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j)
la conmutación o reducción de las penas que ahora están cumpliendo quienes
estuvieron en el Instituto y hoy se encuentren condenados y detenidos en otros
establecimientos, que tenga en cuenta el tiempo que permanecieron detenidos en el
Instituto entre agosto de 1996 y julio de 2001, para reducir la condena actual;
k)
la asistencia médica y psicológica integral, la cual sería brindada por un
equipo interdisciplinario de profesionales con experiencia en atención de
adolescentes con este tipo de daños y carencias;
l)
las cirugías o tratamientos necesarios en relación con los heridos de los
incendios, de conformidad con el dictamen del equipo interdisciplinario. En especial,
solicitaron la cirugía inmediata de Raúl Esteban Portillo y Pedro Iván Peña;
m)
la implementación de un programa de educación especial y exclusivo para los
adolescentes que estuvieron en el Instituto, en atención a los daños causados por la
ausencia de una política de reeducación, y con el fin de revertir esta situación;
n)
el reconocimiento público de responsabilidad estatal por parte del Presidente
de la República del Paraguay, que consista en una disculpa, o desagravio público, a
todos los niños que estuvieron en el Instituto y a sus familias;
o)
la publicación de la sentencia que emita la Corte, en dos diarios de amplia
circulación en Paraguay;
p)
la elaboración y difusión de un video que manifieste que quienes llegaban al
Instituto eran menores injusta y arbitrariamente detenidos; que la pobreza los
conducía a la cárcel, así como que los maltrataban y los torturaban “en forma salvaje
y brutal”; y
q)
la investigación, enjuiciamiento y sanción de los hechos de manera
integral, completa e imparcial, para individualizar a los responsables de las
violaciones denunciadas en este caso y sancionarlos adecuadamente.
313.
Al respecto el Estado manifestó que:
a)
en cuanto a la pretensión de las representantes de que el Presidente
de la República haga un reconocimiento público, el Estado ha realizado
importantes reconocimientos de responsabilidad en el caso en cuestión, los
que tomarán estado público en la sentencia de la Corte;
b)
el hecho que el caso haya llegado a la Corte Interamericana y que el
Estado haya reconocido sus falencias en materia de atención integral a
menores en conflicto con la ley privados de libertad dará plena y suficiente
respuesta a lo solicitando por las representantes en cuanto al reconocimiento
público; y
c)
aceptó la solicitud de capacitación de guardias, con la sola aclaración
que no existen guardias carcelarios en la actualidad sino educadores, que
fueron capacitados por el Proyecto AMAR de la Comunidad Europa.
Asimismo, manifestó que la capacitación es un componente prioritario del
modelo socio-educativo que se está aplicando en el CEI Itauguá y otros
centros, aun con las limitaciones presupuestarias y de recursos humanos, y
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