Los hechos del caso se refieren a la detención de María Elena Loayza Tamayo por la División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) debido a una supuesta vinculación como colaboradora del grupo “Sendero Luminoso”. Tras su detención permaneció 10 días incomunicada y fue objeto de torturas, tratos crueles y degradantes y violencia sexual, todo con la finalidad de que se autoinculpara. Ante su negativa, fue procesada por el delito de traición a la patria y juzgada por distintas instancias militares que finalmente la absolvieron de todos los cargos. Sin embargo, al momento de pasar el caso al fuero común, la víctima resultó condenada a 20 años de pena privativa de libertad por un Tribunal Especial “sin rostro” y por el delito de terrorismo. Durante todo el trámite tanto en el fuero militar como en el fuero ordinario, la víctima permaneció privada de libertad.

La Corte IDH hizo presente en este caso que el artículo del Decreto Ley N° 25.659 por el cual fue procesada, impidió a la víctima utilizar el habeas corpus para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención.