Los hechos del caso se refieren a la alegada detención ilegal y tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd por la Policía Judicial del Distrito Federal de México, y su condena a 50 años de prisión por doble homicidio con base en una confesión obtenida bajo tortura.

La Corte IDH hizo lugar a la excepción de incompetencia por "ratione temporis" planteada por el Estado. Para ello, se refirió el deber estatal de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados, pero entendió que los actos de tortura no eran continuados, sino de ejecución instantánea, por lo que no tenía competencia para conocer el caso, una vez que los hechos eran efectivamente anteriores al reconocimiento de la competencia jurisdiccional de la Corte IDH.