Los hechos del caso se refieren a la violación sexual y torturas cometidos en contra de Inés Fernández Ortega por parte de miembros del Ejército mexicano. La Corte IDH ubicó los hechos en un contexto de importante presencia militar en el Estado de Guerrero, lugar con un alto porcentaje de población indígena que conserva su identidad cultural y reside en municipios de gran marginalidad y pobreza, dirigida a reprimir actividades ilegales contra la delincuencia organizada.

La Corte IDH indicó los elementos constitutivos de la violación sexual como acto de tortura y estableció estándares sobre la improcedencia de la jurisdicción militar para conocer este tipo de hechos. Asimismo desarrolló criterios sobre debida diligencia en el procesamiento de la denuncia e investigación de la violencia sexual y el acceso a la justicia sin discriminación.