Los hechos del caso se relacionan con la afectación a la vida, integridad personal y a su permanencia en el territorio titulado de manera colectiva de miembros de la comunidad afrodescendiente constituida por el Consejo Comunitario de Jiguamiandó y familias del Curbadaró.

Integrantes de estas comunidades fueron afectados por amenazas de muerte, destrucción de bienes, saqueos, detenciones ilegales, hostigamientos, asesinatos y desapariciones.