Los hechos del caso se refieren al procesamiento y condena por delitos terroristas, entre los años 2001 y 2002, de un grupo de líderes del Pueblo indígena Mapuche. Los procesos penales estuvieron rodeados de irregularidades que violaron garantías básicas del debido proceso, y se aplicó la Ley antiterrorista con base en criterios discriminatorios por su condición de Mapuche.

Esta decisión es la primera que la Corte Interamericana toma en relación con integrantes del pueblo Mapuche. La Corte IDH analizó el principio de legalidad a la luz de la calificación de "terrorista" aplicada a los líderes indígenas, estableciendo la violación de la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con precisión y claridad.

Además, la Corte en el análisis del caso consideró que las decisiones judiciales que condenaron a las víctimas contenían prejuicios discriminatorios contra el pueblo Mapuche, violando el principio de igualdad y no discriminación. Además, analizó las diferentes garantías del debido proceso, se refirió a la utilización de testigos de identidad reservada en estos casos, a la falta de motivación en la adopción y mantenimiento de la prisión preventiva, así como a la falta de consideración de las características propias de los pueblos indígenas al tiempo de ordenar medidas de privación de libertad.