113 para uso policial de los distintos cuerpos policiales del Estado, así como el tipo de municiones, armamento no letal y armamento prohibido422. Además, la legislación venezolana reglamenta el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, establece un procedimiento trimestral de rendición de cuentas423 y especifica las circunstancias en que los funcionarios policiales están autorizados a portar dichas armas424; prevé su utilización de manera excepcional “sólo en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona o de […] terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesidad, oportunidad y proporcionalidad”, y establece la advertencia que debe darse antes de emplear el arma de fuego425. Adicionalmente, se creó un sistema de informes denominado “Informe para el Superior Inmediato sobre Uso de la Fuerza”426, el cual debe ser elaborado, entre otras circunstancias, cuando “[u]n funcionario policial efectúe un disparo de un arma de fuego a cualquier ciudadana, ciudadano o grupo de éstos”. En estos casos, también “se procederá a realizar una investigación inmediata a cargo de personal capacitado” y el funcionario implicado “será asignado a labores administrativas hasta que la investigación determine su responsabilidad”427. Por otro lado, la normativa venezolana prevé la obligación de rendición de cuentas por parte de la policía. A fin de implementar dicha obligación, se ha creado un sistema informes periódicos y especiales sobre las actividades policiales428. Con base en lo anterior, la Corte no estima necesario ordenar en el presente caso una medida de reparación adicional al respecto. ii. Adecuación de la ley de protección de víctimas y testigos 347. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado la adecuación de la ley de protección de víctimas y testigos a los estándares internacionales en la materia. Alegaron que “[a] pesar de que la legislación venezolana establece los procedimientos que deben existir para la protección de testigos, en la práctica, dicha norma se ha vuelto inoperante”. 348. El Tribunal observa que los representantes no aportaron elementos suficientes que indiquen que las falencias que atribuyen a la protección de los integrantes de la familia Barrios se deriven de un problema normativo de la ley de víctimas y testigos. Con base en lo anterior, el Tribunal no ordena la medida de reparación solicitada. 422 Cfr. “Normas para la adquisición, registro y control de armamento, municiones, equipos y accesorios para los Cuerpos de Policía y Órganos de Seguridad Ciudadana que prestan el servicio de Policía”, artículos 4 a 7 (expediente de fondo, tomo VII, folios 1353 y 1354). 423 Cfr. Normas para la adquisición, registro y control del armamento, municiones, equipos y accesorios para los Cuerpos de Policía, artículos 12 a 37, supra nota 422. 424 Cfr. Normas para la adquisición, registro y control del armamento, municiones, equipos y accesorios para los Cuerpos de Policía, artículos 9 y 40, supra nota 422, folios 1354 a 1355; Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos políticos territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, Artículo 21 inciso 9, y “Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial”, supra nota 418, folios 1700 y 1701. 425 Cfr. Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, supra nota 418, folios 1685 y 1700. 426 Cfr. Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, supra nota 418, folio 1702. 427 Cfr. Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, supra nota 418, folios 1702 y 1703. 428 Cfr. “Normas sobre rendición de cuentas en los Cuerpos de Policía en sus diversos ámbitos político territoriales”, artículos 5 a 10 (expediente de fondo, tomo IV, folio 1657). Asimismo, cfr, “Practiguía de Rendición de Cuentas” (expediente de fondo, tomo IV, folio 1637).