-11e) “sorprende que las [representantes] no hayan informado [sino] hasta la fecha la voluntad de que el Gobierno de Argentina proteja a otras personas. De haberlo informado [...] saben que se hubiesen tenido en cuenta”; f) si algunas de las cuestiones que han sido planteadas en este ámbito hubieran sido planteadas en el ámbito correspondiente hubieran obtenido una respuesta favorable en el momento en que sucedieron. Reitera su plena disposición a implementar “todas aquellas medidas adicionales que razonablemente fueran necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los beneficiarios”. Respecto del traslado del señor Juan Pablo Caba, la solicitud fue que se le trasladara a un lugar seguro. Para ello el Ministro del Interior de la Nación ha dispuesto su traslado a una dependencia de la Prefactura Naval en Comodoro Rivadavia. Sin embargo, “si el lugar sugerido no es el que [las representantes] desean, [el Estado] est[á] dispuesto a dialogar y a llevarlo a un lugar que razonablemente se pueda encontrar y resguardar la vida del señor Juan Pablo Caba”. Respecto de la solicitud de un subsidio realizada por las representantes, “el Gobierno de la Provincia está dispuesto a apoyar con un subsidio a las personas que así lo hayan solicitado, lamentablemente […] no [se] t[iene] ningún pedido formal de ese subsidio”; g) con respecto a la investigación de la muerte del señor David Hayes, hay una persona condenada por su homicidio en riña y esa persona está detenida con sentencia firme; h) no resulta necesario el dictado de las medidas provisionales, toda vez que las cautelares están en plena ejecución; i) con respecto a la situación del señor Alcaína, el Estado no ha recibido ninguna denuncia de desaparición; y j) es necesario resaltar la necesidad de diálogo sobre la implementación de las medidas. Hay solicitudes de medidas que recién escucha el Estado en la audiencia pública ante la Corte. 19. Al finalizar la referida audiencia pública celebrada el 6 de julio de 2006, el Presidente del Tribunal instó a los representantes del Estado, de los beneficiarios y de la Comisión Interamericana a que dialogaran sobre la implementación de las medidas de protección, tomando en consideración que todos expresaron su disposición para dialogar al respecto, con el objetivo de que se adopten las medidas que sean efectivas.