RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS *
DE 11 DE MARZO DE 2020
CASO DACOSTA CADOGAN VS. BARBADOS
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA Y
REINTEGRO AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS
VISTO:
1.
La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante
“la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
1
adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 24 de septiembre de 2009 .
La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado de Barbados (en adelante “el
Estado” o “Barbados”) por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal,
en perjuicio del señor Tyrone DaCosta Cadogan. Dichas violaciones se declararon por la
imposición de la pena de muerte obligatoria al señor DaCosta, quien fue condenado en
mayo de 2005 por el delito de homicidio, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley de
Delitos contra las Personas de 1994. Esa disposición legal establecía que cualquier persona
condenada por homicidio sería sentenciada y condenada a muerte. Al respecto, la Corte
consideró que la imposición de la pena de muerte de manera obligatoria, mecánica y
genérica para todo culpable de homicidio, violaba la prohibición de privar del derecho a la
vida en forma arbitraria, ya que no permitía la individualización de la pena conforme con las
características del delito, así como con la participación y culpabilidad del acusado y,
además, no limitaba su aplicación a los delitos más graves. Asimismo, el Tribunal declaró
que el Estado no dio cumplimiento al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en
relación con los derechos a la vida y a la protección judicial, debido a que mantuvo, per se,
y aplicó respecto de la víctima, el artículo 2 de la Ley de Delitos Contra las Personas, que
restringe el derecho a la vida, y porque el artículo 26 de la Constitución de Barbados, el cual
no permite la revisión constitucional de leyes vigentes previas a la constitución impidió el
escrutinio judicial del referido artículo 2 de la Ley de Delitos contra las Personas.
Finalmente, la Corte estableció que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales de la
víctima, debido a que, en un proceso penal que podía culminar en la pena de muerte, no se
garantizó al señor DaCosta los medios adecuados para la preparación de su defensa. Al
respecto, se constató que la salud mental de la víctima nunca fue evaluada detalladamente
durante el proceso penal en su contra, a pesar de que se presentó prueba y alegatos sobre
supuestas dependencia al alcohol y enfermedades mentales que, de haber sido constatadas,
*
El Juez Eduardo Vio-Grossi no participó en la deliberación y firma de la presente Resolución por razones de
fuerza mayor.
1
Cfr. Caso DaCosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de setiembre de 2009. Serie C No. 204. El texto íntegro se encuentra disponible en:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf. La Sentencia fue notificada el 20 de octubre de
2009.

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