Los hechos del caso se refieren a la detención de José Agapito Ruano Torres, el 17 de octubre del 2000 y a su posterior condena por el delito de secuestro, en violación a las garantías mínimas de debido proceso y su derecho a la presunción de inocencia.

La CorteIDH desarrolla, por primera vez, estándares sobre los alcances de la responsabilidad internacional del Estado por la actuación de la defensa pública en materia penal.