INFORME No. 42/14
CASO 12.453
FONDO
OLGA YOLANDA MALDONADO ORDOÑEZ
GUATEMALA
17 DE JULIO DE 2014

I.

RESUMEN

1.
El 15 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Olga Yolanda Maldonado Ordóñez y los abogados
Alejandro Sánchez y Jorge Raúl Rodríguez Ovalle (en adelante “los peticionarios”) en la cual se alega la
responsabilidad del Estado de Guatemala (en adelante “el Estado” o “el Estado guatemalteco”) por la violación
de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Olga Yolanda Maldonado Ordóñez tras su
despido de los cargos de educadora y auxiliar de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos.
2.
Según los peticionarios la señora Maldonado fue despedida por el Procurador de los
Derechos Humanos con base en una acusación de carácter familiar que no fue denunciada ni investigada
judicialmente. Señalaron que Olga Maldonado cuestionó su despido a través del recurso judicial establecido
en el Reglamento de Personal de la Oficina del Procurador, que consiste en la apelación del acto de despido
ante la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Indicaron que dicho órgano declaró que no tenía
competencia para conocer el asunto fundamentando su decisión en una interpretación contraria a lo
establecido en la Constitución, lo cual, en consideración de los peticionarios, le restringió a la señora
Maldonado su derecho de acceso a la justicia. Agregaron que presentaron una acción de inconstitucionalidad
“en caso concreto” a fin de que la Corte de Constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia ordenara a la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social la admisión del recurso de la señora Maldonado.
Sostuvieron que la Corte de Constitucionalidad declaró improcedente su recurso pues sostuvo que la
apelación ante la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no era el mecanismo adecuado para
cuestionar su despido, sin indicar la vía a la cual debía acudir. De esta forma, los peticionarios señalaron que
la señora Maldonado quedó en situación de desprotección.
3.
Por su parte, el Estado controvirtió los hechos alegados por los peticionarios. A lo largo del
trámite de fondo ante la Comisión el Estado fue modificando su posición sobre el recurso que debía presentar
la señora Maldonado para cuestionar su despido. En primer lugar, señaló que el recurso de apelación ante la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no era el adecuado y que era necesario que acudiera ante
la Inspección General a fin de iniciar un proceso conciliatorio. Posteriormente, sostuvo que era necesario que
interpusiera una demanda de primera instancia ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Finalmente,
señaló que el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social sí era adecuado
conforme a lo establecido en el Reglamento de Personal del Procurador y que debió haber presentado un
recurso de amparo -y no una acción de constitucionalidad- para que se ordenara la revisión de su asunto por
dicho órgano.
4.
Tras analizar la información disponible, la Comisión concluyó que el Estado de Guatemala es
responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, principio de legalidad y protección judicial
establecidos en los artículos 8.1, 8.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), en relación con el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de Olga Yolanda Maldonado Ordóñez.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.
Mediante comunicación de 15 de julio de 2002, Olga Yolanda Maldonado Ordóñez y los
abogados Alejandro Sánchez y Jorge Raúl Rodríguez Ovalle presentaron la petición inicial. El trámite desde la

1

Select target paragraph3